El cortejo de José Mujica pasó por lugares que marcaron su vida. Inició en la Torre Ejecutiva, la casa de gobierno que encabezó entre 2010 y 2015. Luego, se detuvo en la sede del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, el grupo guerrillero que integró antes de la dictadura. Otra de las paradas fue en el Movimiento de Participación Popular (MPP), el espacio político que Mujica lideró durante años. Allí, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo un anuncio que generó polémica. El jerarca informó que el Instituto Nacional de Colonización había comprado 4.000 hectáreas de tierra para pequeños productores rurales en “honor” al fallecido ex presidente.
Pasados los días y el duelo por la muerte, la oposición puso el foco en este organismo.
Colonización es un instituto creado en 1948 que promueve la compra de tierras rurales por parte del Estado. Lo que busca, según la ley que lo creó, es “promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación”. Establece que los productores rurales deben vivir en los terrenos que trabajan, dentro de las colonias que allí se forman.
La compra de 4 mil hectáreas fue cuestionada por parte de la oposición, pero las críticas fueron mucho más allá.
El Instituto Nacional de Colonización está integrado por cinco directores. El gobierno de Yamandú Orsi definió que el presidente sea Eduardo Viera, un pequeño productor conocido en el rubro. Sin embargo, Viera es colono. Es decir, un productor que explota un terreno del Instituto Nacional de Colonización.
La oposición no tardó en remarcar que la Constitución uruguaya no permite este tipo de incompatibilidades. Su artículo 200 establece que los miembros de este tipo de institutos no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen”.
La interpretación de la oposición era que Viera no podía presidir un instituto que iba a tomar definiciones que incidirían en su vida como colono.
El tema generó un problema para el gobierno y el presidente Orsi debió salir a explicarlo. En una rueda de prensa, el mandatario expresó que ese artículo de la Constitución se aplicaba para el caso.
“El tema está claro. Yo creo que el presidente de Colonización, a partir de ahora, no puede seguir más en su situación de colono. Ahora, cambia. Se ha hecho todo por derecha. Acá, soy como el clavo, cuando más se martilla, más se afirma”, señaló Orsi. El mandatario indicó que Viera deberá “dar un paso”.
Sánchez, el secretario de Presidencia que había hecho el anuncio, explicó que mientras sea presidente de Colonización, Viera no podrá explotar su colonia y deberá hacerlo una “tercera persona”.
Esta situación fue el cuarto problema con funcionarios del gobierno con los que debió lidiar Yamandú Orsi en los primeros 80 días de su gobierno.
La renuncia de la ministra de Vivienda
La primera renuncia de la administración de Yamandú Orsi fue a los 48 días de iniciada la gestión. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, dejó su cargo luego de reconocer que no regularizó el terreno en el que vive y que no paga los impuestos que le corresponden.
La noticia, difundida por el programa La Pecera, generó insistentes pedidos de renuncia por parte de la oposición y una división en la coalición de izquierda Frente Amplio: mientras el MPP –el espacio históricamente liderado por José Mujica y al que pertenece Cairo– cerró filas detrás de su dirigente, otros bloques del Frente Amplio cuestionaban la situación que se generó.
Al presentar la renuncia, la ministra escribió en X: “No estamos en esta lucha por los cargos. Toda la vida me consideré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no”.
Al hablar públicamente del tema, Orsi lo dio por cerrado. “Un episodio que uno nunca espera, que no es grato. Pero que se pudo resolver de manera correcta. Ya está, ya pasó”, señaló.
Un <i>déjà vu</i> con otro integrante del gabinete
El mismo programa periodístico que informó que Cairo no había pagado los impuestos que le correspondían, a los pocos días consignó que otro integrante del gabinete de Orsi también estaba en falta. La mira apuntó hacia el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, integrante del equipo económico del gobierno.
El caso era diferente al de Cairo, reconocían hasta de la oposición. El director de la OPP nunca regularizó su casa de verano ubicada en el balneario Solís, en Maldonado, a 50 kilómetros de Punta del Este.
Arim compró en 2011 un terreno de 898 metros cuadrados y construyó una vivienda de 127 metros cuadrados entre 2015 y 2016. Sin embargo, nunca registró esta propiedad ante la Dirección Nacional de Catastro y en la cédula catastral del terreno está validado que solo hay 24 metros cuadrados edificados. Esto provoca que el predio sea considerado de bajo valor.
Para el gobierno no fue necesaria la renuncia. “Ya está resuelto”, dijo el presidente Orsi cuando habló del tema.
Pero fue otro de los dolores de cabeza que tuvo el inicio de su gestión porque algunos dirigentes de la oposición pidieron la renuncia del director de la OPP.
La renuncia en el puerto
La Administración Nacional de Puertos es otro de los servicios descentralizados del Estado uruguayo, que se encarga de administrar varios puertos comerciales y deportivos. El gobierno de Orsi definió que para ese puesto sea designada Alejandra Koch, una funcionaria de carrera del organismo que había sido directora por la oposición durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
A dos días de asumir el cargo, Koch debió presentar su renuncia por quedar envuelta en varias polémicas. Una de las decisiones cuestionadas fue que la jerarca votó un ascenso a su marido, a su chofer y al menos a tres funcionarios que trabajaban en su oficina. Además, los medios locales informaron que en 2013 tomó una serie de cursos y talleres luego de ser designada para un cargo para el que no tenía una capacitación específica. También se informó que, como directora, cobró un complemento salarial adicional.
En este caso, fue la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien informó la decisión. “Este viernes 2 de mayo la vicepresidenta de la ANP, Alejandra Koch, me presentó su renuncia y decidí aceptarla”, escribió la jerarca.
En una carta abierta, Koch se defendió diciendo que se quiso “instalar un relato que no corresponde a los hechos”. Consideró que la información sobre ella fue manejada con “violencia y falta de respeto”.
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