“La economía criminal es el principal riesgo para el Ecuador”, advirtió el viceministro de Finanzas, Gary Coronel, ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, al sustentar el reciente proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno. La afirmación no es menor en un país que enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes y donde, como ha documentado el Banco Mundial, el crimen organizado constituye un obstáculo central para el desarrollo económico sostenible en América Latina y el Caribe.
Durante su intervención, Coronel explicó que actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la extorsión y el lavado de activos han dejado de ser fenómenos aislados y se han convertido en componentes estructurales de una economía paralela que erosiona el sistema fiscal, distorsiona los mercados lícitos y genera impactos macroeconómicos negativos. Según el funcionario, las pérdidas fiscales por evasión tributaria y subdeclaración de ingresos asociadas a estas economías ilegales son millonarias, y su expansión representa una amenaza directa a la sostenibilidad fiscal del Estado ecuatoriano.
El proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, plantea una serie de medidas tributarias y financieras orientadas a “asfixiar” las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Entre ellas se incluyen incentivos productivos para zonas afectadas por la violencia, formalización de la recaudación en sectores estratégicos, rebajas al impuesto a la renta para donaciones a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y un régimen para administrar los activos incautados a estructuras criminales. El director del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, detalló que la norma será conocida como “Ley de Solidaridad Nacional” y busca fortalecer la cooperación entre el sector público y privado en la lucha contra la criminalidad.
Las declaraciones del viceministro Coronel están alineadas con los hallazgos del informe LACER 2025 del Banco Mundial, que en su capítulo sobre crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe advierte que la expansión de redes delictivas transnacionales se ha convertido en una barrera creciente para el desarrollo económico.
Doce países de la región, incluido Ecuador, figuran entre los 50 con mayor criminalidad, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. El informe subraya que estas redes, además de ejercer control territorial, recurren a la extorsión, el lavado de dinero, la captura institucional y la violencia letal como herramientas sistemáticas de operación.
El Banco Mundial señala que la presencia de economías criminales reduce la inversión productiva al generar incertidumbre sobre los derechos de propiedad, incrementa los costos operativos de las empresas, desvía recursos públicos de áreas clave como salud o educación hacia la seguridad, y deteriora el capital humano y natural. En países como Ecuador, donde la tasa de homicidios ha crecido aceleradamente desde 2022 y donde bandas armadas ejercen control carcelario y territorial, estas consecuencias se traducen en una reducción del crecimiento potencial y en mayores dificultades para atraer inversión extranjera.
El informe también identifica la debilidad institucional como un factor que agrava el problema. Las cárceles, por ejemplo, han sido cooptadas por bandas criminales que operan desde el interior del sistema penitenciario. Las fuerzas policiales enfrentan limitaciones operativas y bajos niveles de confianza ciudadana, mientras que los sistemas judiciales carecen de herramientas eficaces para investigar y procesar delitos complejos. En este contexto, el Banco Mundial sugiere que las estrategias de seguridad deben complementarse con reformas estructurales que fortalezcan el Estado de derecho, la cooperación internacional, y el desarrollo de oportunidades económicas para jóvenes en riesgo.
Coronel reconoció que la ley propuesta busca generar efectos inmediatos en la economía real. Según su exposición, las medidas propuestas permitirán desincentivar el uso de estructuras financieras ilegales, proteger a las empresas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias, y fomentar una recuperación productiva en las zonas más golpeadas por la violencia.
No obstante, los desafíos persisten. El informe del Banco Mundial advierte que mientras no se debilite el atractivo económico del crimen organizado, estas estructuras seguirán reclutando jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo ingresos superiores a los del mercado formal y mayor “movilidad emocional” en contextos de exclusión social.
Mientras tanto, la atención pública se mantiene sobre la Asamblea, que deberá decidir si aprueba una normativa que apunta a combatir frontalmente las redes criminales, pero que también exigirá una fuerte capacidad institucional para ser aplicada con transparencia y sin abusos.
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