Estados Unidos sancionó a cuatro funcionarios cubanos por el arresto del opositor Luis Robles

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres jueces y un fiscal cubano por su papel significativo en la detención del opositor cubano Luis Robles Elizástigui, una medida que Washington considera una “grave violación de los derechos humanos”.

Las sanciones afectan directamente a la fiscal Yanaisa Matos Legrá y a los jueces Gladys María Padrón Canals, María Elena Fornari Conde y Juan Sosa Orama, quienes desempeñan sus funciones en el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Esta medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, refleja la postura estadounidense de condenar las detenciones arbitrarias en Cuba y su compromiso de utilizar todas las herramientas a su disposición para defender los derechos humanos en la isla.

Según el comunicado oficial, estos funcionarios son señalados por ejecutar procesos judiciales simulados que resultan en condenas injustas, como la de Robles, quien fue arrestado en diciembre de 2020 tras manifestarse pacíficamente con una pancarta en las calles de La Habana, en la que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Robles fue condenado a cinco años de prisión, una sentencia calificada de desproporcionada por defensores de derechos humanos.

Robles fue considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional y fue liberado en enero pasado durante las liberaciones masivas de prisioneros que tuvieron lugar como parte de un acuerdo con el Gobierno de Joe Biden. Sin embargo, la situación de derechos humanos en Cuba sigue siendo preocupante para Estados Unidos, que ha redoblado sus esfuerzos para resaltar las violaciones sistemáticas en la isla.

El comunicado de Rubio enfatiza que estos jueces y fiscales no actúan como defensores de un poder judicial independiente, sino como agentes del régimen, lo que convierte su papel en particularmente crucial en las detenciones arbitrarias. Rubio también destacó que los sancionados son responsables de los nuevos arrestos de opositores políticos como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, figuras prominentes de la disidencia en Cuba que han sido retornados a prisión por causas consideradas triviales.

Las sanciones conllevan la prohibición de entrada al territorio estadounidense para los sancionados y sus familias, una muestra del compromiso de la administración de Donald Trump de continuar apoyando los derechos del pueblo cubano. A través de este tipo de medidas, Estados Unidos también busca alentar a sus aliados y socios internacionales a adoptar posturas similares y ejercer presión sobre el régimen cubano.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se han visto tensas en los últimos años, particularmente tras el endurecimiento de las políticas bajo Trump, que revirtió gran parte del acercamiento promovido durante el mandato de Barack Obama. Durante el “deshielo” de las relaciones entre ambos países, se intentó establecer una cooperación más amplia, que incluía áreas de comercio y turismo, pero el arribo de Trump al poder cambió esa dirección.

La situación de Luis Robles refleja la dura realidad que enfrentan los disidentes en Cuba. En sus protestas de 2020, Robles cargaba una pancarta que le valió una condena de cinco años de encarcelamiento por cargos de “propaganda enemiga” y “desobediencia”. Su caso se sumó al de numerosos manifestantes que enfrentan largas condenas por delitos como sedición y desorden público, especialmente tras las protestas masivas de julio de 2021, que dejaron numerosos detenidos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

ONGs como Cubalex, con sede en Miami, han reportado que estas manifestaciones resultaron en al menos 1.395 detenidos, de los cuales 728 siguen presos. Estas organizaciones han continuado pidiendo la liberación de todos los presos políticos en Cuba, una demanda que ha sido respaldada por la comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea.

(Con información de EFE y AFP)