El nuevo fiscal del Caso ProCultura busca dar un giro en la investigación

En una decisión inesperada, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, recientemente nombrado a cargo del Caso ProCultura, anunció este martes que irá a la Corte Suprema para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de esa ciudad que declaró “ilegales” las escuchas al celular de la psiquiatra Josefina Huneeus, incluyendo una polémica conversación con el presidente Gabriel Boric filtrada a la prensa, asunto que le costó el puesto a su predecesor, Patricio Cooper.

Huneeus es la ex esposa del también psiquiatra Alberto Larraín, ex amigo del mandatario y director ejecutivo de la Fundación ProCultura, investigada y cerrada desde 2023 por diversos convenios presuntamente irregulares con el Ministerio de Vivienda y varios gobiernos regionales que suman más de $6 mil millones de pesos chilenos (USD 6,4 millones), parte de los cuales habrían ido a parar a la campaña de Boric, según el fiscal Cooper.

Dicha conversación, en la que Huneeus y el mandatario hacen una especie de “control de daños”, ocurrió el 14 de octubre del año pasado y tras su filtración a la prensa hace un par de semanas, Huneeus presentó un recurso de amparo alegando “ilegalidad” y “espionaje”, mientras que el mandatario señaló que “tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho“.

Tras reunirse con los equipos de la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Fiscalía Nacional “para los efectos de llevar a cabo el traspaso de la investigación en el contexto del caso Convenios, particularmente la arista ProCultura, que ha sido asignada a la Fiscalía Regional de Antofagasta”, Bekios aseguró que “hemos tomado la decisión como Fiscalía Regional de Antofagasta de recurrir respecto de la misma ante la Excelentísima Corte Suprema de Chile”.

De esta manera, el persecutor avaló la labor hecha por el fiscal Cooper, quien pidió dos veces permiso para intervenir el celular del mandatario -cosa que le fue denegada-, asegurando que “tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República”.

Dicha confesión era una escucha a uno de los 57 teléfonos “pinchados” por el persecutor, específicamente al de Ilonka Csillag, socia de Alberto Larraín, quien le explicaba a Lucía Bustamante, propietaria de la Productora Gráfica Andros, que Larraín le había dicho que no tenía para pagarle los $41,9 millones (USD 44 mil) que le adeudaban por trabajos de impresión, puesto que “me gasté esa plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.

El fiscal Castro Bekios se ha erigido como una suerte de “zar antidrogas” en el país: en 2024 logró la incautación en la región de Antofagasta (1.340 kms al norte de Santiago) de más de 21 toneladas de narcóticos -ocho toneladas más que en 2023- valuadas en unos USD 2 mil millones, a saber, cinco veces el presupuesto anual de toda la Policía de Investigaciones (PDI) y casi dos veces el presupuesto de todo Carabineros.

En enero de este año, el persecutor aseguró que dicha región es donde se libra la gran batalla contra el narcotráfico en Chile, pues se trata de la puerta de entrada de la mayoría de las drogas al país.

En entrevista con el medio El Desconcierto, Castro Bekios explicó que la clave en su trabajo ha sido atacar el crimen organizado desde la perspectiva de un “holding del delito”, verdaderas “empresas” que profitan de cualquier actividad ilícita que genere dinero como el tráfico de drogas, el secuestro extorsivo, la trata de blancas o el robo de camionetas que suelen ser intercambiadas por droga en la frontera con Bolivia, para luego lavar sus ganancias montando negocios “fachada”, enviando dinero al extranjero y hasta comprando criptomonedas.