La creciente escasez de dólares y el alza del tipo de cambio en el mercado paralelo han desatado una nueva ola de protestas en Bolivia. Este miércoles, comerciantes y transportistas de combustible tomaron las calles en medio de un clima de creciente tensión social, cuando faltan solo unos meses para las elecciones presidenciales de agosto.
En La Paz, cientos de comerciantes cerraron sus negocios y marcharon por el centro de la ciudad exigiendo respuestas urgentes del presidente Luis Arce. Al grito de “¡Arce... el pueblo tiene hambre!” y “¡Arce incapaz, ¿por qué no te vas?!”, los manifestantes golpeaban ollas vacías en señal de protesta por la crítica situación económica.
“Lo poco que le queda en la silla presidencial al gobierno que haga algo, estamos en sus manos”, declaró a la agencia AP Mercedes Quisbert, representante de un gremio de comerciantes dedicados a la venta de ropa, alimentos y otros productos de primera necesidad.
Como símbolo de duelo por la crisis económica, los comerciantes adornaron sus banderas con lazos negros y colocaron carteles en sus locales con el mensaje: “Duelo por nuestra economía”. Al mismo tiempo, en varias zonas del país reaparecieron las largas filas de vehículos en busca de gasolina y diésel, agravando aún más la sensación de colapso.
La escasez de dólares en Bolivia, que comenzó hace dos años, ha tenido un impacto profundo en el sector productivo, el cual depende de la divisa para importar insumos y maquinaria esenciales.
En marzo, el gobierno reconoció públicamente que la falta de divisas impidió la importación total de carburantes. Esta situación ha afectado especialmente a la estatal YPFB, que importa cerca del 90% del diésel y más del 50% de la gasolina que se consume en el país. Ambos combustibles son vendidos en el mercado interno con subsidios que superan el 50%, lo que agrava aún más la presión sobre las finanzas públicas.
El combustible se ha convertido en uno de los bienes más escasos en Bolivia, lo que ha generado un efecto dominó en la economía: afecta la producción de alimentos, interrumpe la cadena de suministros y contribuye al alza de los precios en productos básicos.
Paralelamente, el valor del dólar en el mercado ilegal se ha disparado, llegando en los últimos días a casi triplicar la cotización oficial. La situación refleja una pérdida de control sobre el tipo de cambio y una creciente desconfianza hacia las instituciones financieras.
“El dólar (del mercado paralelo) está incontrolable. El dólar en los bancos y en el Banco Central ya no hay”, lamentó Mercedes Quisbert, en referencia a la creciente dificultad que enfrentan comerciantes y productores para acceder a divisas necesarias para importar mercancías o mantener sus operaciones.
La imagen del presidente Luis Arce se ha visto fuertemente golpeada por la crisis económica y las crecientes protestas. Días atrás, se vio obligado a declinar su candidatura a la reelección, mientras su modelo económico estatista es cada vez más cuestionado por los candidatos de la oposición, quienes ya han iniciado sus campañas para las elecciones del próximo 17 de agosto, en un contexto de alta tensión social.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, atribuyó la falta de dólares al estancamiento legislativo de más de nueve créditos en la Asamblea Legislativa, y pidió su aprobación urgente para inyectar liquidez al sistema. Explicó que dichos fondos ingresarían a las arcas del Estado y, en su mayoría, serían convertidos a bolivianos en el Banco Central, lo que ayudaría a aliviar la escasez de divisas.
En una conferencia de prensa, Montenegro advirtió que cualquier marcha o bloqueo de rutas afecta negativamente a la economía, en referencia a las recientes movilizaciones convocadas por el ex presidente Evo Morales (2006–2019), luego de que el Tribunal Supremo Electoral rechazara su candidatura.
Mientras tanto, en la región de Santa Cruz, una de las principales asociaciones de transportistas de combustible inició un paro, exigiendo a la petrolera estatal un ajuste en las tarifas que reciben por sus servicios o, alternativamente, el pago en dólares.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal encargada de contratar a los camiones cisterna para la importación de combustible, minimizó la magnitud de las protestas y aseguró que solo un 10% de las empresas del sector han solicitado un ajuste en las tarifas.
Mientras tanto, el transporte público de La Paz advirtió que podría bloquear los accesos al Palacio de Gobierno si no se garantiza el suministro de combustible.
En Sucre, la capital constitucional de Bolivia, vecinos y conductores del transporte público salieron a las calles golpeando ollas vacías con cucharones, en señal de protesta, y exigieron al gobierno medidas urgentes para frenar el alza en los precios de los productos básicos.
(Con información de EFE)
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