ProCultura, el caso que provocó un escándalo político en Chile y salpicó al presidente Gabriel Boric

A inicios de esta semana, el presidente chileno Gabriel Boric dio una escueta declaración a los medios de prensa en medio de su visita a Japón, en la que se refirió a la polémica filtración tres días atrás de una conversación con su amiga psiquiatra Josefina Huneeus, cuyo teléfono celular había sido intervenido por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación del Caso ProCultura.

Huneeus es la ex esposa del también psiquiatra Alberto Larraín, ex amigo del mandatario y director ejecutivo de la Fundación ProCultura, investigada y cerrada desde 2023 por diversos convenios presuntamente irregulares con el Ministerio de Vivienda y varios gobiernos regionales que suman más de $6 mil millones de pesos chilenos (USD 6,4 millones), parte de los cuales habrían ido a parar a la campaña de Boric según el fiscal a cargo de la investigación, Patricio Cooper.

Dicha conversación, en la que Huneeus y Boric hacen una especie de “control de daños”, ocurrió el 14 de octubre del año pasado y tras su filtración a la prensa, Huneeus presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta alegando “ilegalidad” y “espionaje”, mientras que el mandatario señaló que “tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho“.

El martes, Larraín emitió una declaración pública en la que negó haber desviado dineros para financiar la campaña del presidente, de quien fue asesor en materias de salud mental cuando Boric era diputado.

“Nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política”, aseguró de entrada.

Larraín también descartó enriquecimiento ilícito y recordó que también se quiso involucrar a la ex pareja de Boric, Irina Karamanos.

“En 14 años de trabajo la Fundación ProCultura nunca tuvo problemas de rendición de recursos o ejecución de proyectos (...) Sin embargo, la prensa informó de irregularidades de la ex pareja del Pdte. de la República, Irina Karamanos, quien había trabajado en la Fundación, asociadas a depósitos irregulares de su sueldo. Todo fue desestimado por el Ministerio Público”, sostuvo.

Cabe señalar que Boric no está imputado ni figura como testigo en la investigación que lleva a cabo el fiscal Cooper, quien ha sido objeto de fuertes críticas y hasta fue acusado de “espionaje político” por parte del Frente Amplio -el partido de Boric-, pues pidió permiso dos veces a un tribunal para intervenir el celular del mandatario, asunto que le fue denegado.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho, ya que el domingo la desaprobación del mandatario había escalado a su nivel más alto desde que asumió en La Moneda, llegando a un 70%, según un sondeo de Cadem.

La investigación que salpicó al mandatario surgió como una arista del Caso Convenios, abierto en junio de 2023 tras destaparse irregularidades en diversos traspasos de dinero desde la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.

A partir de ahí, alrededor de otras 50 fundaciones cayeron bajo la lupa del Ministerio Público, pero fue ProCultura la que terminó convirtiéndose en una verdadera “papa caliente” para el gobierno de Boric, debido a los altos montos malversados, a los personeros de gobierno involucrados y a la cercanía que Larraín tenía con el presidente.

Constituida en 2009 por Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag, la Fundación ProCultura se adjudicaba y ejecutaba proyectos sociales, culturales y patrimoniales con gobiernos regionales de casi todo el país. Durante 14 años funcionó sin problema alguno y llegó a tener alrededor de 200 trabajadores, pero al tener que cerrar producto de la investigación y usar los dineros de los proyectos adjudicados para pagarle a sus funcionarios, vino la debacle y sus coletazos.

“Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó Procultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República”.

Así rezaba la segunda solicitud que hizo el fiscal Patricio Cooper para intervenir el celular del mandatario. Dicha confesión era una escucha a uno de los 57 teléfonos “pinchados” por el persecutor, específicamente al de Ilonka Csillag, quien le explicaba a Lucía Bustamante, propietaria de la Productora Gráfica Andros, que Alberto Larraín le había dicho que no tenía para pagarle los $41,9 millones (USD 44 mil) que le adeudaban por trabajos de impresión, puesto que “me gasté esa plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.

Para el persecutor, “la posible veracidad de esta afirmación” se basaba en el estrecho lazo que habían tenido en el pasado Larraín y Boric. Sin embargo, el 15 de noviembre del año pasado dicha petición de intervenir el teléfono del presidente Boric fue denegada nuevamente.

Pero el celular de Josefina Huneeus sí estaba intervenido, a pesar de que la psiquiatra que tratara al mandatario de su trastorno obsesivo-compulsivo no figuraba como imputada, sino como testigo.

La conversación entre Huneeus y Boric, revelada en parte primero por T13 y luego in extenso por The Clinic, suma nueve páginas. He aquí un resumen:

“Te llamaba por dos cosas. Uno, para saber cómo estabas personalmente con todo esto, porque yo no, me cuesta entender y para saber si entendías algo de todo lo que está pasando", comienza diciendo el Mandatario, quien no sabía que el celular de su amiga, quien lo trató por su síndrome obsesivo-compulsivo, había sido “pinchado”.

“Es una historia larga, pero en honor a la confianza y a tu rol también voy a ser honesta, puedo en este espacio, ¿es un espacio protegido, no está siendo grabado nada?”, le responde Huneeus, que tampoco sabía nada.

“No sé si está siendo grabado, pero yo siento que no hay nada que esconder”, retruca Boric.

“Estamos frente a una personalidad sicopática, franca, que ha hecho, yo creo que no ha cometido delitos que lo vayan a llevar preso, yo creo que no hay apropiación indebida", contesta Huneeus.

La charla prosigue con la psiquiatra comentando la entrega de información a la Fiscalía, en la que asegura que Larraín “entregó su celular y computador, ahora él tenía un sistema que se le iban borrando (...) es un despelotado, o sea no sé si tiene todo guardado como Hermosilla en un súper IPhone, no tengo idea".

A lo que Boric responde: “O sea, jamás haría algo ilegal, pero quizás de idiota, como le puedo haber dicho ‘oye que interesante este proyecto’ como no sé“, planteó el Presidente, agregando que “saqué todos mis celulares antiguos pa ver si tenía mensajes con él, porque me imagino que, o sea yo hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueón con eso".

Así las cosas, este viernes la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo que presentó la defensa de Josefina Huneeus y declaró ilegales las escuchas, ordenando “la eliminación en la investigación fiscal de todo lo obtenido en base a ellas”, incluyendo la polémica conversación filtrada con el presidente.

Solo horas más tarde, el fiscal Patricio Cooper fue removido del mando de la investigación por la Fiscalía Nacional, debido a la “complejidad y gravedad” de la causa, la que quedó a cargo nada menos que del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, famoso por sus espectaculares decomisos de drogas y el desmantelamiento de varias bandas criminales en el norte del país.

Aunque parece improbable, Bekios de todas maneras puede recurrir a la Corte Suprema para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones, a fin de incluir las conversaciones obtenidas desde el teléfono de Huneeus en el juicio que se alista contra Alberto Larraín, el ex amigo del presidente Boric hoy caído en desgracia.