
Un documento que ha empezado a circular desde la tarde del 13 de mayo de 2025 ha encendido nuevamente las alarmas sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio. Se trata de un requerimiento de la Fiscalía General del Estado que ordena notificar a cinco personas sobre una investigación previa relacionada con el asesinato del ex candidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.
En la lista constan nombres de figuras relevantes vinculadas al correísmo y a casos de crimen organizado: Jorge Glas, ex vicepresidente, José Serrano, ex ministro del correísmo, Ronny Aleaga, ex legislador correísta, Latin King que junto a Daniel Salcedo y Xavier Jordán fueron procesados por delincuencia organizada en el mega caso de corrupción Metástasis.
El documento, cuyo encabezado señala “Delegación al agente investigador”, menciona que la investigación tiene como propósito identificar a los autores intelectuales y demás actores responsables del atentado. Según se detalla, la investigación fue aperturada el 19 de octubre de 2023 por disposición de la fiscal general del Estado. El texto ordena al jefe de la Unidad Nacional de Investigación en Apoyo a la Fiscalía General que, a través de un agente designado, localice y notifique personalmente a las personas mencionadas, utilizando todos los medios disponibles.
La noticia sobre el requerimiento circuló en medios ecuatorianos como Radio Centro, TC Televisión y diario Extra. También el documento fue publicado por el expresidente Rafael Correa, la abogada de Jorge Glas, Sonia Vera y la hermana de Villavicencio, Alecza Villavicencio. Pese al interés mediático, la Fiscalía no ha confirmado ni desmentido su autenticidad. Ante consultas de la prensa, la entidad respondió: “Señores y señoras periodistas: dentro de la investigación previa (que tiene reserva), se siguen practicando las diligencias que requiere el expediente”.

Glas, uno de los señalados, fue exvicepresidente de la República durante los gobiernos de Rafael Correa y el primer año de Lenín Moreno. Glas fue condenado por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos 2012–2016. Aunque fue excarcelado temporalmente en diciembre de 2022, volvió a prisión en abril de 2024 tras el operativo de captura que se realizó dentro de los predios de la Embajada de México en Quito y que costó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Actualmente, Glas está preso en la cárcel de máxima seguridad La Roca y es investigado por malversación de fondos e intimidación-
También figura José Serrano Salgado, ex ministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional durante el correísmo. Su imagen se asoció a una política de “mano dura” contra el crimen, pero su carrera se vio empañada por la filtración de un audio en 2018 en el que dialogaba con el excontralor Carlos Pólit -sentenciado por lavado de activos en Estados Unidos– sobre cómo apartar al entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno. Aunque Serrano no fue condenado, su influencia política disminuyó desde entonces. Pese a ello, aún aparece en la opinión pública ecuatoriana con filtraciones sobre temas de seguridad. Incluso intentó ser candidato presidencial pero dijo que no lo haría por las amenazas contra su vida.
Otro de los mencionados es Ronny Aleaga Santos, exasambleísta de la bancada correísta de la Asamblea cesada. Aleaga fue uno de los procesados en el caso Metástasis, por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en prisión. Según la Fiscalía, Aleaga se benefició de reuniones privadas con Norero y habría gestionado favores judiciales. Fue acusado por Villavicencio de formar parte de un plan para atentar contra su vida cuando este presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ahora está refugiado en Venezuela con el beneplácito del dictador Nicolás Maduro. Su ex esposa denunció que Aleaga retiene en ese país a su hijo menor de edad.

En la lista también está Xavier Jordán Mendoza, ecuatoriano que fue incluido en la lista roja de Interpol y que también es procesado en el caso Metástasis. Jordán habría actuado como intermediario entre narcotraficantes y operadores judiciales para garantizar sentencias favorables, según la Fiscalía. Jordán se encuentra en los Estados Unidos y ha denunciado –sin éxito– ante la justicia estadounidense a la fiscal general Diana Salazar, a periodistas y a las hijas de Villavicencio: Amanda y Tamia.
Finalmente, el documento incluye a Daniel Salcedo Bonilla, un personaje implicado en múltiples escándalos de corrupción, entre ellos el sobreprecio de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19. Salcedo también fue vinculado a una red de lavado de activos y fraude hospitalario. Actualmente cumple una sentencia por peculado y otros delitos. Salcedo Bonilla fue sentenciado en el caso Metástasis, en el que se acogió a la cooperación eficaz. Ahora está preso en la cárcel La Roca y recientemente se le encontraron objetos prohibidos en el reclusorio de máxima seguridad.
El requerimiento especifica que los investigados deben ser notificados de su obligación de designar un defensor técnico y señalar un domicilio judicial para futuras comunicaciones. Además, recuerda que la información de la investigación previa es de carácter reservado, conforme al artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal.
La reaparición de estos nombres en el contexto del asesinato de Villavicencio ha generado conmoción pública. Desde su muerte, su familia ha insistido en que se trata de un crimen político y que los autores intelectuales siguen libres. Aunque un grupo de sicarios que participaron en el atentado fueron asesinados en prisión y otros fueron sentenciados como autores materiales, no se ha esclarecido quiénes planificaron el crimen ni por qué.
Ante la difusión del documento atribuido a la Fiscalía, el expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción y asilado en Bélgica, escribió en X: “¡Demencial!Ahora se quiere culpar del asesinato de Villavicencio a Jorge Glas. Fiscalía se ha vuelto un patio de comedias". La abogada de Glas, Sonia Vera también publicó en la misma red: “Otra infamia contra Jorge Glas. La Fiscalía de Ecuador lo incluye en el caso Villavicencio sin una sola prueba, violando su derecho a la presunción de inocencia y usando el poder penal como herramienta de persecución política.No hay hechos, no hay motivación, no hay legalidad”.
Por su parte, la hermana del ex presidenciable, Alecza Villavicencio, compartió varias publicaciones sobre el pedido de la Fiscalía e indicó: “Aquí están los de la piscina de Miami, cartel de Sinaloa, la Roca. Toda la podredumbre de una sociedad. Y saber que ellos nos gobernaban... Para que nunca más se repita esta historia en ninguna familia del país, la investigación debe llegar a los autores intelectuales. Deben pagar por lo que hicieron, solo así marcaremos un precedente en el país. ¡Ya es tiempo! Ya lo sabíamos (sobre miembros del correísmo supuestamente involucrados con el magnicidio); por eso querían tomarse todos los poderes del Estado y en especial la justicia“.
Villavicencio, activista, sindicalista, periodista y exlegislador, denunció por más de una década los vínculos entre el poder político y el crimen organizado. Sus revelaciones alcanzaron a expresidentes, ministros, jueces y asambleístas, y lo convirtieron en uno de los políticos más amenazados del país. El 9 de agosto de 2023, fue asesinado a la salida de un mitin en Quito, a solo once días de las elecciones presidenciales. Su muerte provocó una ola de indignación y marcó un punto de quiebre en la historia política reciente de Ecuador.
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