El caso del campeón ruso que denuncia una persecución política del régimen de Putin en su contra y que hoy está preso en Ecuador

La vida de Shusharin Anatoly Yuryevich cambió radicalmente en marzo de 2022, cuando la Federación de Armwrestling de Rusia (FAR) lo expulsó de por vida por sus declaraciones públicas contra la invasión rusa a Ucrania. Aquel castigo no solo lo alejó de su carrera deportiva como entrenador y atleta de lucha de brazos, sino que marcó el inicio de una cadena de acontecimientos que hoy lo tiene encerrado en la cárcel del Inca, en Quito, Ecuador, a la espera de una posible extradición solicitada por Moscú.

Shusharin era entrenador de la categoría de calificación más alta en su disciplina, fue cuatro veces campeón de la Federación Rusa, tres veces campeón de Europa y seis veces campeón del mundo, según los registros de la revista arbitrada Aspecto Científico.

Según consta en documentos oficiales de la FAR, el 22 de marzo de 2022 el presidium de la organización decidió, por unanimidad, descalificar a Shusharin por “acciones que desacreditan a la Federación”. En una carta enviada semanas después al Departamento de Deportes de la región rusa de Tiumén, la federación detalló que el motivo real de la sanción fueron las expresiones públicas del deportista “contra el orden estatal vigente”, su oposición a la “operación militar especial” y su negativa a apoyar al gobierno ruso.

Lejos de retractarse, Shusharin abandonó Rusia a finales de 2022. “La persecución política lo forzó a dejar su país”, tituló el medio rumano BucPress, que relató cómo el reconocido entrenador de para-skandenberg —disciplina adaptada de lucha de brazos para personas con discapacidad— fue acosado por la policía, amenazado, y finalmente blanco de un proceso penal por oponerse abiertamente a la guerra.

Shusharin se estableció en Ecuador, donde residía legalmente y entrenaba a nuevos talentos en su disciplina. Sin embargo, el pasado 24 de abril fue detenido en la ciudad de Cuenca, según anunció el Ministerio del Interior, en virtud de una notificación roja emitida por Interpol a solicitud del gobierno ruso. La entidad ecuatoriana aseguró que el ciudadano ruso “se habría apropiado indebidamente de fondos del presupuesto federal de Rusia” y enfrenta múltiples causas judiciales en su país de origen.

La defensa de Shusharin, liderada por el jurista Carlos Manosalvas, de Manosalvas y abogados, sostiene que los cargos que ahora le imputa Rusia son un intento de represalia política. En entrevista con Infobae, el jurista fue tajante: “Él no es un delincuente. Es un perseguido político. Fue expulsado de la federación rusa por no estar de acuerdo con las políticas del gobierno y se le inventaron cargos una vez que ya había salido del país”.

Manosalvas cuestiona la lógica de que, habiendo sido expulsado oficialmente y residiendo fuera de Rusia, se le acuse de apropiación de fondos federales. El abogado señaló que solo existe una orden de prisión preventiva por dos meses contra Shusharin a pesar de que Rusia habla de 18 procesos judiciales abiertos en su contra.

Actualmente, el deportista se encuentra en la cárcel del Inca, una de las principales prisiones de Quito, conocida por su hacinamiento y condiciones insalubres. “Está en condiciones precarias, no tiene un traductor adecuado que lo asista, ha estado médicamente mal y en el centro médico del penal. La Corte Constitucional ya ha dicho que este tipo de privación de libertad, en esas condiciones, es similar a una muerte civil”, advirtió el abogado.

La defensa ha solicitado que Shusharin pueda enfrentar el proceso de extradición en libertad, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Según Manosalvas, ni la Fiscalía ni el sistema judicial han considerado los antecedentes políticos del caso.

De acuerdo con la defensa, no se ha valorado el hecho de que la vida de Shusharin corre peligro si regresa a Rusia, pues su cliente no tendría garantías de un proceso justo frente a cargos que tienen por castigo trabajos forzados, afirmó.

En efecto, la detención y eventual extradición de Shusharin ocurre en un contexto internacional en el que múltiples países han comenzado a ignorar las alertas rojas solicitadas por Rusia ante Interpol, justamente por sospechas de uso político del sistema. Existen precedentes en Europa y América del Norte donde solicitudes similares han sido descartadas por tratarse de persecuciones camufladas bajo cargos penales.

La falta de transparencia en el proceso también ha generado alertas. Al momento de redactar este artículo, Infobae intentó verificar los procesos abiertos en contra del ciudadano ruso en los sistemas de consulta pública de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura de Ecuador, pero no fue posible acceder a información sobre su caso. Asimismo, este medio solicitó una reacción oficial a la embajada de Rusia en Ecuador, sin obtener respuesta.

Manosalvas no descarta solicitar asilo o refugio político para su cliente, aunque señala que de momento se están analizando todos los escenarios jurídicos posibles. Como defensa espera que el juicio sea justo y proporcional, para que no se use la cooperación judicial para devolver a un disidente político a un país donde su vida está en peligro.

La historia de Shusharin —deportista profesional y entrenador reconocido— se encuentra hoy en el centro de una disputa jurídica y diplomática. Mientras su defensa insiste en que se trata de una persecución política disfrazada de cargos penales, las autoridades rusas mantienen su solicitud de extradición con base en acusaciones por delitos económicos.

El sistema judicial ecuatoriano deberá ahora determinar si existen garantías suficientes para que el ciudadano ruso enfrente un proceso justo en su país de origen, o si, por el contrario, se configura un caso de posible vulneración de derechos. La resolución de este caso podría sentar un precedente sobre el uso de los mecanismos de cooperación internacional en contextos donde convergen la política, el deporte y la justicia.