La jueza que impidió el arresto de Evo Morales ya está en la cárcel de Palmasola

La juez Lilian Moreno, que anuló una orden de arresto contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019), ingresó este miércoles a cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde deberá guardar detención preventiva por un mes, mientras se desarrollan las investigaciones que la acusan por prevaricato y resoluciones contrarias a la ley.

Moreno pasó la noche en el centro de salud del penal y se prevé que en el transcurso de esta jornada entre al pabellón de mujeres, según confirmaron fuentes policiales al programa Asuntos Centrales.

La juez cobró notoriedad la semana pasada cuando emitió un fallo con el que anulaba la imputación, el arraigo y la orden de captura que pesan sobre el ex mandatario, investigado por el delito de trata agravada de personas al haber presuntamente embarazado a una menor de edad en el año 2016, cuando era presidente.

El polémico fallo estuvo en vigencia dos días y luego fue revocado por un juez de La Paz, con lo que los cargos contra Morales volvieron a estar en vigencia. Sin embargo, el caso complicó la situación jurídica de la juez Moreno que enfrenta un proceso legal por prevaricato y resoluciones contrarias a ley además de investigaciones disciplinarias.

Horas antes de su captura, el martes por la mañana en Santa Cruz, la juez denunció presiones, amenazas y actos de amedrentamiento en su contra. En su defensa, más de 30 ex ministros de Morales pidieron la intervención de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos por lo que califican como una detención “ilegal y arbitraria”.

“Naciones Unidas tiene que intervenir, no puede ser que un juez cada que tome una decisión, cuando no les gusta la decisión, meten preso al juez. Entonces, no hay posibilidad de estar defendidos en nuestros derechos”, manifestó ante los medios Teresa Morales, exministra del Gobierno de Morales.

La defensa de la juez anunció que en los próximos días presentarán un recurso de acción de libertad y solicitarán la cesación de la detención preventiva para que pueda defenderse en libertad.

La investigación contra el ex presidente se inició bajo el mandato interino de Jeanine Añez y fue cerrado en cuanto el presidente Luis Arce llegó al poder a finales de 2020. Sin embargo, en septiembre de 2024 cuando ambos líderes políticos estaban inmersos en una feroz disputa por el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), se conoció que la Fiscalía había reactivado el caso y que existía una orden de captura contra el líder cocalero.

En octubre, la juez Moreno -que tiene antecedentes de haber trabajado en la función pública durante la gestión de Morales- dictó una sentencia constitucional que dejó sin efecto esa orden de arresto pero ésta no fue ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Desde entonces, Morales fue convocado a declarar ante la justicia en dos oportunidades pero no se presentó. Ante su inasistencia, en enero se lo declaró en rebeldía, se dictó su arraigo y la anotación preventiva de sus bienes, y se emitió un nuevo mandamiento de aprehensión que no ha sido ejecutado porque, según fuentes del Gobierno, no existen garantías para detener al ex mandatario sin poner en riesgo la vida de civiles.

El 30 de abril, la juez Moreno volvió a emitir un fallo en el que ratificaba la sentencia de octubre y revocaba todo lo que ocurrió a partir de entonces, con lo que el caso quedaba prácticamente en nada y debía remitirse a tribunales de Cochabamba. Dos días más tarde, el juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó la decisión de Moreno y restituyó los cargos que pesan sobre el ex presidente.