El Partido Socialista chileno pidió investigar a parlamentarios por contratos con el Estado

Tras la frustrada compraventa de la casa del exmandatario Salvador Allende por parte de Estado -asunto que le costó el cargo a su hija, la senadora socialista Isabel Allende, su nieta, la exministra de Defensa Maya Fernández, y a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval-, diputados del Partido Socialista anunciaron que se encuentran recabando información para llevar al Tribunal Constitucional (TC) a cinco parlamentarios que también habrían firmado contratos de la misma naturaleza.

Y es que la Constitución establece que durante el ejercicio de su cargo los ministros y parlamentarios tienen prohibido “celebrar o caucionar contratos con el Estado”, so pena de ser removidos de sus puestos.

Así lo señalaron en conferencia de prensa este miércoles los legisladores encabezados por Daniel Manouchehri, luego de que un reportaje del diario The Clinic sostuviera que los diputados Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) y Ximena Ossandón (Renovación Nacional), y los senadores Juan Castro (Partido Social Cristiano), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS), rubricaron tratos en el pasado con el Estado, pagados por el Fisco con dineros de todos los chilenos.

“Ante ese nuevo precedente jurídico, se tendrá que aplicar el mismo criterio, creemos. Si el TC destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio con contratos que se ejecutaron y que se encuentran, muchos de ellos, en este momento en ejecución“, señaló Manouchehri.

“Vamos a analizar los antecedentes para poder ir al TC y comenzar la recolección de las firmas para esto”, complementó.

De inmediato los involucrados salieron a dar explicaciones, el primero de ellos Jaime Mulet, quien en un improvisado punto de prensa en el Congreso sostuvo que desde hace tiempo no tiene relación con la empresa Rodríguez y Compañía Limitada, dueña de una radio en la ciudad de Vallenar que habría recibido fondos municipales y que actualmente está en manos de su esposa, Flavia Torrealba, presidenta justamente del FRVS, partido en el que Mulet milita y que ya lo ungió como su candidato presidencial para las elecciones de noviembre próximo.

“Soy un muy buen abogado que estudió en la Universidad Católica, conozco mis inhabilidades y nunca he celebrado un contrato con el Estado, ninguno, porque yo salí de esa sociedad el día 8 de abril del año 2018 y antes del 8 de abril nunca hubo un contrato con el Estado en el periodo que pudo haberme significado alguna inhabilidad", aseguró el diputado, según consignó Cooperativa.

La legisladora Ximena Ossandón, por su parte, quien es socia de una firma que aparece con más de $28.000 millones de pesos (USD 28 millones) en tratos con la Corporación Nacional de Fomento (Corfo) y la Tesorería General de la República, también se descartó de las imputaciones.

“Yo tengo un 0,6% de acciones de la empresa que se llama Cumplo, o sea, no tengo ninguna posibilidad ni de gestionar, ni tampoco de (saber) quiénes son los clientes de la empresa. Además, el punto no es ese: el tema es que Cumplo no tiene ningún contrato con el Estado y eso es lo importante“, indicó.

En paralelo, el senador Cruz-Coke, quien es señalado por arrendarle una propiedad a un jardín infantil público, aseveró que “el momento en que se celebra ese contrato, es el 2015, bastante antes de que yo fuese diputado“, sin extenderse en el hecho de que una vez instalado en el Congreso el contrato se mantuvo vigente.

Por último el senador Espinoza, socio de una empresa también dueña de una radio, afirmó que "me retiré formalmente de la Sociedad Difusora Fresia Ltda. en 2005, lo cual quedó registrado entonces en el Diario Oficial, pensando en evitar cualquier incompatibilidad con mis funciones parlamentarias“.

“Reconozco que, por desconocimiento, no advertí que la sociedad seguía en el Registro de Comercio, situación que fue corregida posteriormente. Desde mi salida, no he tenido participación ni recibido jamás ningún beneficio personal por los contratos que esa sociedad haya suscrito con el Estado o un tercero", remarcó el parlamentario, quien se estrenó en el Congreso como diputado en 2022.