El Estado ficticio de Kailasa intimidó a periodistas y amenazó con procesos judiciales a medios bolivianos

Al menos tres medios de comunicación en Bolivia sufrieron amenazas de parte de los miembros de la secta Kailasa, que se hacía pasar por un Estado soberano para apropiarse ilegalmente de tierras indígenas en la región amazónica de ese país.

Según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Bolivia, el periódico El Deber, que destapó el caso, y los medios digitales Sumando Voces y Brújula Digital, fueron amenazados con procesos legales por la publicación de la investigación.

“Resulta inadmisible que se pretenda censurar la información mediante coacciones ilegales e infundadas. La exigencia de retractaciones, eliminación de contenido y disculpas públicas por parte del ficticio Estado de Kailasa no solo vulnera los principios de transparencia y derecho a la información, sino que constituye una estrategia de intimidación inaceptable”, señala un comunicado emitido por la organización.

En el documento también establecen que las investigaciones periodísticas sobre los acuerdos irregulares con al menos tres pueblos indígenas han seguido los principios de verificación y rigurosidad, y que fueron sustentadas con documentos y testimonios.

Poco después de la publicación, la periodista Silvana Vincenti, que investigó el caso, sufrió amenazas de los miembros de la Nación Baure, una de las que había firmado convenios con Kailasa. “Niña, no sabes con quién te has metido”, le escribió uno de los dirigentes indígenas. Tras el respaldo colectivo que recibió la periodista, el hombre se retractó con ella y argumentó que “estaba pasado de copas”.

Ante estas situaciones, la ANP exige “el cese inmediato de cualquier acción intimidatoria” y reafirma su “compromiso inquebrantable con la verdad y la defensa de la libertad de prensa”.

Según la investigación periodística los acuerdos de Kailasa con al menos tres pueblos indígenas de Bolivia fueron firmados entre septiembre y noviembre de 2024 e incluyen el alquiler de las tierras por “mil años” bajo un acuerdo que se renovará “automáticamente y perpetuamente”. Los documentos revelan que el acuerdo incluía la entrega de los recursos naturales y el uso del espacio aéreo.

Las poblaciones que firmaron los “convenios bilaterales” son la nación Baure, los Cayubaba y los Esse Ejja, que habitan en los departamentos amazónicos de Beni y Pando. Según los documentos revisados por el periódico cruceño, los dirigentes de estas comunidades recibirán entre 28 mil y 108 mil dólares anuales por el arrendamiento de más de 480 mil hectáreas.

Cinco días después de la publicación, la Cancillería de Bolivia emitió un escueto comunicado en el que afirmaba que no tenía relaciones con Kailasa y aclaraba que el supuesto estado no era reconocido por la comunidad internacional. Ante la creciente indignación pública, la Dirección Nacional de Migración expulsó del país a 20 integrantes de la secta y se abrió una investigación por el presunto tráfico de tierras.

La organización política de los pueblos indígenas en Bolivia es bastante autónoma y se asemeja a la de un Estado federal con algunas limitaciones. La Constitución Política del Estado “garantiza” el ejercicio del autogobierno y la libre determinación en cuestiones como la gestión territorial, pero establece que todos los acuerdos internacionales son competencia exclusiva del Gobierno nacional.

Según los líderes de Kailasa, sus tierras se perdieron bajo el océano Índico, lo que llevó a su gente a buscar nuevos territorios. Detrás de esta trama está el autoproclamado dios hindú Swami Nithyananda, quien se presenta como “fundador” del país desde 2019 y que estuvo involucrado en denuncias de violencia sexual.