El líder opositor boliviano, Luis Fernando Camacho, anunció acciones legales contra los funcionarios del Gobierno de Luis Arce que participaron en el proceso de su detención y encarcelamiento, que él considera un “secuestro”.
“Iniciaré las acciones jurídicas pertinentes ante organismos internacionales, a fin de que se sancione penalmente y personalmente a todos los funcionarios del Gobierno del presidente Arce, del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que participaron de forma directa o indirecta del operativo de mi secuestro el 28 de diciembre de 2022 de mi detención preventiva ilegal en Chonchocoro y de todas las torturas y violaciones a los derechos humanos cometidos en mi contra”, publicó en su cuenta de X desde la cárcel de El Alto, donde está recluido desde hace más de dos años.
Camacho es investigado en el caso denominado “Golpe de Estado I” relacionado a las manifestaciones sociales previas a la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019, en medio de acusaciones de fraude electoral. Ese entonces, el opositor era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra y comandó las protestas que terminaron en el derrocamiento de Morales (2006-2019), luego de un motín policial y una “sugerencia” de dimisión por parte de las Fuerzas Armadas.
Un año más tarde, Camacho se postuló a las elecciones presidenciales en las que salió tercero y después fue elegido gobernador del departamento de Santa Cruz, cargo del que está suspendido temporalmente debido a su situación jurídica.
La decisión de procesar a funcionarios del Gobierno se produce luego de que se diera a conocer un documento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas (ONU), que calificó como arbitraria la detención de Camacho y recomendó su liberación e incluso una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional.
El Gobierno de Luis Arce desestimó este informe internacional, al que consideró “sesgado, con información parcial y desactualizada”, y manifestó que no tiene carácter vinculante ni puede sustituir los procedimientos judiciales internos del país, por lo que esperarán los dictámenes de la Justicia boliviana respecto al caso que involucra líder opositor, según se lee en un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia. “Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo”, señala el documento.
En ese marco, Camacho informó que en los próximos días presentará recursos judiciales y constitucionales para que se proceda con su liberación, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU. “Las autoridades judiciales y constitucionales que sustancien estos recursos, tendrán en sus manos la responsabilidad de cumplir con esta resolución internacional y con mi liberación. Hago una invocación a las autoridades del órgano judicial para que se mantengan dentro de los marcos del derecho y el respeto a los derechos humanos”, escribió el político y advirtió con procesos a las autoridades que decidan mantenerlo “secuestrado”.
Según los medios locales, el juicio que involucra al líder opositor se encuentra en la etapa de declaraciones testificales de cargo y este lunes 31 de marzo inició la etapa testifical de descargo, por lo que en las próximas semanas se va a concluir el juicio oral público y contradictorio.
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