El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la prohibición del uso de teléfonos móviles, dispositivos eléctricos y electrónicos durante el acto de sufragio en las Juntas Receptoras del Voto el próximo 13 de abril, cuando se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial en Ecuador.
La medida, adoptada en sesión del 13 de marzo, también se aplicará a los miembros de las mesas de votación a partir de las 17:00 y durante todo el escrutinio, con excepción de un integrante encargado de realizar las operaciones matemáticas necesarias para el llenado de las actas. Según el CNE, esta decisión busca garantizar un proceso electoral libre de presiones y evitar coacciones que puedan influir en la decisión de los votantes.
El Ministerio de Gobierno respaldó la medida y destacó que la prohibición de celulares en los recintos electorales responde a la necesidad de frenar prácticas de intimidación como el “voto fotografiado” o el “voto extorsionado”, mecanismos utilizados para condicionar la decisión de los electores mediante amenazas o pagos, según la institución.
El comunicado oficial del ministerio indicó que la resolución del CNE representa “un paso firme por la democracia” y fortalece la seguridad ciudadana en el proceso electoral. Desde el gobierno, han insistido en la necesidad de establecer controles adicionales para evitar la compra de votos y garantizar que los comicios se desarrollen con transparencia y sin interferencias externas.
El CNE aclaró que la restricción no se aplicará a los delegados de organizaciones políticas, medios de comunicación y observadores nacionales e internacionales, quienes podrán registrar imágenes y videos de la jornada electoral y del escrutinio.
Asimismo, el CNE ratificó que los representantes de las organizaciones políticas seguirán teniendo derecho a recibir copias del acta de conocimiento público, un documento fundamental para la verificación de los resultados y la activación de recursos legales en caso de impugnaciones.
La decisión de prohibir los dispositivos móviles ha generado diversas reacciones en el ámbito político y ciudadano. Algunos sectores han respaldado la medida, argumentando que evitará presiones sobre los votantes y garantizará el secreto del sufragio, especialmente en zonas donde se han denunciado prácticas de control electoral por parte de grupos políticos o del crimen organizado. Otros han expresado preocupación sobre la implementación de la restricción, señalando que podría generar confusión entre los electores y dificultades en su aplicación, especialmente en recintos con gran afluencia de personas.
Las autoridades han señalado que se coordinará con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de la medida y evitar incidentes en los recintos de votación. Además se realizan operativos para evitar la violencia por parte de grupos narcoterroristas.
El proceso electoral en Ecuador se encuentra en una fase crítica, con un escenario altamente competitivo entre los candidatos Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador y la correísta Luisa González, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta del 13 de abril tras haber obtenido el 44,17% y el 44% de los votos en la primera vuelta, respectivamente. La diferencia mínima entre ambos aspirantes ha intensificado la campaña electoral y ha elevado la importancia de cada voto en la definición del próximo presidente del país.
Las elecciones de 2025 se desarrollan en un clima de alta polarización y desconfianza en las instituciones, especialmente tras las denuncias de supuestas irregularidades en la primera vuelta presentadas por sectores políticos y analistas independientes. Sin embargo, el CNE ha defendido la integridad del proceso y ha reiterado que los comicios se han llevado a cabo con altos estándares técnicos y bajo la supervisión de organismos internacionales. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han reconocido la transparencia del proceso y han advertido sobre los riesgos de difundir narrativas de fraude sin pruebas.
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