La noche del 23 de agosto de 2021, unos 40 hombres con trajes militares, armas de guerra y que “hablaban español” atacaron a una comunidad asentada en el cerro Kiwakumbaih, un territorio indígena sagrado, ubicado en el municipio de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), a unos 420 kilómetros de Managua.
Fue una masacre. Al menos 11 indígenas mayangnas y mískitus fueron asesinados esa noche, y la mayoría de ellos desmembrados a machetazos. Dos jóvenes fueron violadas ante la vista de su madre, y el resto solo pudo salvar su vida huyendo en medio de la noche a través de la montaña.
Ni siquiera se tiene certeza de cuántas personas murieron esa noche en la masacre de Kiwakumbaih porque hay quienes que no aparecieron después de la huida. Los indígenas reportan 13 asesinados y las autoridades reconocen a 11.
El ataque a Kiwakumbaih es parte de una invasión sostenida que realizan colonos de las zonas del pacífico y centro de Nicaragua a las tierras indígenas del Caribe, a quienes han ido desalojando con la complicidad de las autoridades, según han denunciado organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos.
“Desde finales de 2015 en la RACCN se vienen perpetrando ataques en contra de los pueblos indígenas; los ataques son realizados sistemáticamente por bandas criminales conformadas por hombres no indígenas –colonos o terceros vinculados a las empresas y/o al Estado- con equipamiento, vestimenta y entrenamiento militar, portando armas de guerra o de alto calibre”, denuncia la organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río.
Algunos sobrevivientes de la masacre de Kiwakumbaih denunciaron los hechos ante la Policía Nacional y el Batallón Ecológico “Bosawás” del Ejército de Nicaragua sin que hubiese una respuesta inmediata. Los mismos indígenas levantaron los cadáveres de sus familiares.
A pesar de los testimonios de los indígenas, la Policía Nacional detuvo a los líderes y guardabosques mayangnas Argüello Celso Lino, maestro y juez comunal; Ignacio Celso Lino, síndico comunal; y a Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins (Robint) Zacarías, miembros de la iglesia Morava a quienes, inicialmente, acusó de pertenecer a una banda de colonos conocida como “Los Chabelos”.
Según la Fundación del Río y la organización de derechos humanos “Nunca más”, ni las autoridades policiales ni las judiciales pudieron demostrar el nexo entre los detenidos y la masacre debido a “que tres de ellos no se encontraban en el lugar de los hechos y el que sí lo estaba huyó junto a las otras víctimas para salvar su vida durante el ataque”.
Pocos días después fueron apresados también por los mismos hechos los indígenas y guardabosques Rodrigo Bruno Arcángel, Evertz Antonio Bruno Palacios, Oliver Bruno Palacios, Tony Alberto Bruno Smith y Dionisio Robins, a quienes la Policía acusó de integrar una banda llamada “Los Brunos”.
Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Río, dice que ningún colono murió durante la masacre de Kiwakumbaih y tampoco colono alguno fue acusado por esos crímenes. Solo los propios indígenas.
“Primero la Policía los acusó de pertenecer a bandas de delincuentes, con el propósito de establecer una narrativa según la cual, estos asesinatos son el resultado de enfrentamientos entre bandas criminales”, afirma Ramírez. “Luego, ya en el juicio, se acusó y condenó a los indígenas por los asesinatos y por portar armas sin permiso”.
La Fundación del Río emprendió una campaña denominada Voces del Bosque para exigir la liberación de los ocho guardabosques mayangnas y asegura que lejos de castigar a los culpables, se está castigando a las víctimas de la masacre, pues muchos de los asesinados son familiares de los condenados. Y señala a quienes considera los hechores: “Son colonos que tienen la protección del régimen de Daniel Ortega”, dice.
“Las cuatro autoridades y líderes indígenas fueron detenidos sin orden judicial y arbitrariamente acusados por la policía nacional y fueron condenados el 18 de febrero de 2022 a la pena de Cadena Perpetua Revisable más 4 años de prisión, por el Juez Séptimo Penal de Distrito de Juicio de Managua”, señala la denuncia de Fundación del Río.
Agrega que para establecer la culpabilidad de los indígenas “el juez se basó exclusivamente en testimonio policial, mediante un proceso realizado sin las mínimas garantías legales en el que excluyó a testigos presenciales”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el 13 de abril de 2023, otorgó medidas cautelares a favor de los cuatro líderes indígenas, y el 27 de junio de 2023, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas para proteger eficazmente la vida, integridad personal, salud y libertad personal, de las cuatro autoridades y dirigentes del pueblo indígena Mayangna y le otorgó al Estado hasta el día 10 de julio como fecha máxima para liberarlos.
No hubo respuesta del régimen nicaragüense.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU también pidió liberar e indemnizar a los indígenas encarcelados. “El Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad de los cuatro detenidos se debió a sus actividades de defensores de derechos humanos y de derechos ambientales de su comunidad y sus territorios ancestrales, y a su calidad de indígenas”, señaló.
La condena de ocho guardabosques mayangnas, es apenas la punta del iceberg de una sorda guerra que se desarrolla en el Caribe y que ha dejado un rastro de sangre y dolor estos últimos diez años a través de masacres, secuestros, violaciones y el desplazamiento de miles de indígenas de sus tierras originales.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por Naciones Unidas, afirmó, en un informe presentado el 10 de septiembre del 2024, que ha documentado “67 incidentes de asaltos violentos contra pueblos indígenas, ocurridos entre abril de 2018 y marzo de 2024 en territorios misquitos y mayangnas”.
“Analizando los incidentes, el Grupo identificó un total de 161 víctimas (136 hombres y 25 mujeres, de ellas 19 menores de edad) de delitos como asesinatos, lesiones, violencias sexuales y secuestros”.
La Costa Caribe de Nicaragua está constituida por las regiones autónomas del Caribe Norte y Caribe Sur y comprende un área de 60,365.98 kilómetros cuadrados equivalentes al 47 por ciento del territorio nicaragüense.
La población indígena del Caribe se estima en aproximadamente 250,000 personas, que representa el 13 por ciento de la población total de Nicaragua.
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