Bolivia otra vez enfrenta un período de escasez de combustible, principalmente de diésel, que ha provocado que varios sectores de la cadena productiva se pronuncien para exigir al Gobierno una mayor dotación de carburantes y advierten con movilizaciones si no se regulariza el suministro.
El problema del desabastecimiento es estructural: el país depende de las importaciones de gasolina y diésel para abastecer su mercado interno y a medida que la demanda y los precios internacionales suben, la debilitada economía del país enfrenta cada vez más dificultades para garantizar el suministro.
En medio de la escasez y de filas de vehículos que parecen infinitas en las estaciones de servicio, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que el gasto público en combustible se ha duplicado en los últimos cinco años.
“Estamos importando más diésel y estamos importando más combustible, a partir del 2022 ha empezado a subir también el precio. En el 2019, hemos destinado a la importación de combustible, diésel y gasolina 1.500 millones de dólares. El año pasado, 2024, como lo ha dicho el presidente, hemos destinado a la importación del combustible 3.300 millones de dólares, más del doble”, explicó la viceministra ante los medios locales.
El presupuesto de Bolivia en 2025 prevé destinar 2.900 millones de dólares para la importación de combustible, lo que equivale a un gasto de 56 millones de dólares semanales.
Según datos oficiales, el Estado boliviano importa el 86% del diésel y el 54% de la gasolina que consume, lo que explica por qué la crisis de diésel es más aguda y frecuente. Pero Bolivia no solo importa el combustible, también lo subvenciona y lo vende a los consumidores finales a un precio más barato del que lo ha adquirido y por debajo del promedio regional. El litro de ambos carburantes cuesta alrededor de 0,53% de dólares.
La dependencia de los carburantes importados está en crecimiento ante la disminución de la producción local y la debacle de la industria petrolera nacional. En 2014, Bolivia producía 18,6 millones de barriles de petróleo al año, pero en 2023 esta cifra cayó a 8,6 millones, una reducción del 54%, lo que en parte ha originado la crisis económica actual, marcada por la escasez de dólares que dificulta las transacciones internacionales en esa divisa.
A este escenario se suma la venta ilegal de combustible en las fronteras, donde el litro puede hasta triplicar el precio local. Según estimaciones oficiales, el país pierde 600 millones de dólares por lo que denomina el “contrabando a la inversa” de carburantes.
El Gobierno indicó que priorizará la dotación a la agroindustria para evitar poner en riesgo la producción alimentaria. De igual forma, para a paliar la crisis energética en el corto plazo, se autorizó la importación y comercialización de combustible a actores privados por el plazo de un año.
Mientras se regula la dotación del suministro, la escasez está provocando protestas en varios sectores, como los productivos, la minería y el transporte pesado, que se declararon en emergencia y advirtieron con realizar medidas de presión a partir de la próxima semana.
En los últimos días, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) han dado una serie de explicaciones sobre el desabastecimiento actual: sobre demanda del agro por la temporada de cosecha, sobre demanda por el uso de maquinaria pesada en el norte de La Paz, sobre demanda por el feriado de Carnaval, bloqueos que impidieron el traslado de carburante, etc.
Sin embargo, el aumento en la demanda o las alteraciones logísticas no parecen abordar el tema de raíz. Un ex funcionario de YPFB, que pidió no ser identificado, respondió tajante: “El problema de fondo es la falta de plata y la falta de producción”.
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