
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciaron este jueves que en agosto se abrirá la licitación para la construcción del primer túnel sumergido del país, un proyecto que se discute desde hace un siglo.
La obra conectará las ciudades de Santos y Guarujá, en la costa paulista, con una inversión estimada de 5.960 millones de reales (1.017 millones de dólares).
Durante el anuncio, Lula destacó que el proyecto será posible gracias al “entendimiento” y la “relación civilizada” entre dos adversarios políticos, mientras que De Freitas subrayó la importancia de priorizar las necesidades de la población por encima de disputas ideológicas.
“No es momento de disputas políticas, sino de atender a los ciudadanos”, declaró el gobernador, quien fue ministro de Infraestructura durante el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) así como director ejecutivo y general del Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte durante la gestión de Dilma Rousseff.

Características del proyecto
El túnel tendrá 870 metros de longitud, cruzará un canal a 21 metros de profundidad y será utilizado por aproximadamente 15.000 vehículos por día, incluidos camiones que operan en el puerto de Santos, el mayor de América Latina y por el que transita cerca de un tercio del comercio exterior de Brasil.
Actualmente, el trayecto entre Santos y Guarujá solo es posible mediante balsas o una carretera de 50 kilómetros, lo que toma alrededor de una hora. Con el túnel, ese tiempo se reducirá a dos minutos.
La obra se ejecutará bajo un esquema de asociación público-privada (APP). El grupo adjudicatario aportará el 15% del costo total, mientras que el Gobierno federal y la administración de São Paulo cubrirán el resto en partes iguales.

Licitación y cronograma
La subasta pública, abierta a empresas nacionales e internacionales, se celebrará el 1 de agosto. Se prevé que el contrato se firme a finales de 2025 y que la construcción comience en 2026, con una fecha estimada de finalización en 2029.
Según reportes de la prensa local, algunas de las compañías interesadas en el proyecto incluyen la española Acciona, la portuguesa Mota Engil, la italiana Webuild y la china CCCC, además de varios consorcios brasileños.
Para la ejecución de la obra, será necesario el desalojo de 1.200 familias, que serán reubicadas en viviendas construidas por el Gobierno regional, el cual también asumirá el costo de las indemnizaciones.
Las autoridades esperan que el túnel impulse el desarrollo económico y logístico de la región, facilitando el transporte y reduciendo costos para el comercio y la población local.
(Con información de EFE)
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