
El presidente Lula sigue cayendo en picado en las encuestas. Según la última, presentada ayer por el centro de análisis Quaest, más del 50% de los electores consultados en ocho estados desaprueban su gobierno. En los estados de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, la tasa de desaprobación supera el 60%. En los estados nororientales de Bahía y Pernambuco, donde Lula ganó las elecciones de 2022, su popularidad cayó 15 puntos. El martes, otra encuesta de la Confederación Nacional de Transportes junto con el Instituto MDA registró una caída de 13 puntos en su popularidad, con una desaprobación que alcanzó el 44%. La principal causa de este desplome, según los sondeos, se debe a la economía.
El martes, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reveló el dato de inflación de febrero, el llamado IPCA, el índice nacional de precios al consumo, que subió un 1,23%. En enero había subido un 0,11%. Según el Director de Política Monetaria del Banco Central, Nilton David, lo peor de la inflación está aún por llegar y ocurrirá en el primer semestre del año. En enero, el Banco Central ya advirtió que en marzo subiría un punto la tasa Selic, hasta el 14,25%. El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, del Partido de los Trabajadores (PT), calificó de “imbecilidad” que el Banco Central aumente la tasa Selic para controlar la inflación. “Es una imbecilidad. Tenemos que estimular el crecimiento económico y producir más para controlar la inflación. Si restringimos el crédito y subimos los tipos de interés, restringimos la inversión. Si restringimos la inversión, restringimos más producción que permitiría tener más productos en las estanterías y controlar la inflación a través de la oferta”. El ministro hizo un llamamiento al Banco Central para que “recupere el juicio”.
Los datos económicos, sin embargo, hablan por sí solos. Según anunció el Tesoro Nacional a principios de febrero, la deuda pública federal (DPF) cerró 2024 en 7.316 mil millones de reales (1.258 mil millones de dólares), un aumento del 12,2% en comparación con 2023, cuando el valor era de 6.500 mil millones de reales (1.118 mil millones de dólares). El gasto público total aumentó un 12,45% en 2023, superando los dos billones de reales (344 mil millones de dólares), el segundo mayor valor de la serie histórica del Tesoro Nacional desde 1997
Además, para contener la explosión del tipo de cambio con el dólar, que llegó a 6,29 frente al real en diciembre, el Banco Central empezó a vender sus reservas en dólares. El resultado es que la cobertura de la deuda externa es la más baja de los últimos 17 años. Según datos estimados por el Banco Central, la suma de las reservas internacionales, los créditos brasileños en el exterior y los activos de los bancos comerciales superó la deuda externa bruta en menos de 5.000 millones de dólares en diciembre. Se trata del menor superávit desde septiembre de 2007, cuando Brasil no tenía cobertura para toda su deuda externa. Solange Srour, directora de macroeconomía para Brasil de UBS Global Wealth Management, declaró al diario O Estado de São Paulo que la salida de dólares a finales del año pasado sacó a las cuentas exteriores de su zona de confort. “La situación se deteriora a un ritmo más rápido. No hay más espacio en la balanza de pagos”, comentó. “El déficit fiscal es muy alto y el déficit por cuenta corriente se deteriora a un ritmo muy rápido. Se convierte en un problema, sí”, añadió. Además de todo esto, se prevé que la economía se desacelere ya en el segundo semestre de este año. La pregunta que planea sobre los expertos es si el Gobierno aceptará la desaceleración prevista sin adoptar nuevas medidas fiscales para tratar de estimular la economía de cara a una campaña electoral en 2026 que, a buen seguro, será compleja. Alarmantes fueron ayer las cifras publicadas por Petrobras para 2024. El beneficio neto se desplomó un 70,6%.

En cuanto a Lula, sus declaraciones van en contra de las previsiones económicas ortodoxas. El lunes, en un acto de la petrolera nacional Petrobras, en el estado de Rio Grande do Sul, dijo que “la gente no debe creer en las tonterías de la macroeconomía” y que será la microeconomía la que “salvará” al país. El presidente brasileño añadió que no le importan los malos resultados de los índices macroeconómicos, como la inflación y los tipos de interés, sino que quiere que el dinero circule en manos de los pobres. Por eso, el lunes, en un mensaje por cadena nacional, Lula anunció que el 100% de los 41 medicamentos del programa Farmacia Popular serían gratuitos, y que el pago de las becas para estudiantes del programa Pé-de-Meia, que proporciona pagos mensuales a los estudiantes de secundaria con bajos ingresos, se haría esta misma semana.
“Lula hizo un discurso que sonó a campaña electoral en busca de popularidad. En la televisión, el presidente utilizó los anuncios ya hechos sobre la Farmacia Popular y el programa Pé-de-Meia para intentar rehabilitarse. Son las elecciones de 2026 las que ya han comenzado”, escribe Ricardo Corrêa en el diario O Estado de São Paulo, refiriéndose a las elecciones presidenciales del próximo año. Según el sitio de noticias UOL, el Ministerio de Educación y el banco público Caixa Econômica Federal dijeron a la Contraloría General de la Unión que no saben dónde están los casi 4 millones de alumnos del programa Pé-de-Meia. En 2024, se gastaron 5.780 millones de reales (cerca de mil millones de dólares) en este programa, según un informe de investigación de UOL, sin ninguna transparencia, como si se tratara de un presupuesto paralelo. Por lo tanto, por orden del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), los costes de este programa social tendrán que contabilizarse ahora dentro del presupuesto público, algo que no se ha hecho hasta ahora porque el Ministro de Hacienda y el Ministro de Educación todavía tienen que hacer recortes de gastos. Un problema similar de fondos anunciados cuya cobertura no está clara ha surgido en los últimos días con los préstamos a los agricultores del programa Safra que fueron congelados inicialmente por el Tesoro ante la falta de aprobación del Presupuesto 2025 y, por tanto, el riesgo de falta de cobertura. Las protestas de los directamente afectados hicieron que el Gobierno volviera sobre sus pasos, inventando un complicado mecanismo que, a través de una medida provisional, desembolsará 4.100 millones de reales (705 millones de dólares). Quedará por ver cómo se contabilizará este dinero en el presupuesto público.
Según los analistas, el mayor problema sigue siendo la incapacidad del Gobierno para frenar el gasto público. En un editorial, el diario Folha de São Paulo advierte incluso de que “la impopularidad de Lula puede aumentar la irresponsabilidad fiscal. El bajo índice de aprobación de Lula podría, en el peor de los casos, fomentar un gasto que ya ha elevado el dólar y la inflación en el pasado reciente”, reza el texto. Según las previsiones del banquero Luis Stuhlberger, socio fundador y gestor de Verde Asset Management, el Gobierno gastará este año 400.000 millones de reales (69 mil millones de dólares) por encima del techo de gasto adoptado bajo la presidencia de Michel Temer, y sustituido posteriormente por el llamado ‘orçamento fiscal’ de Lula. Según Stuhlberger, un escenario posible es que el Gobierno se dé cuenta de que el mercado apuesta por un cambio de Gobierno en 2026 y, por tanto, empiece a gastar más, “adoptando medidas populistas”. “Tendremos emociones fuertes (en 2026)”, dijo Stuhlberger en una discusión con otros banqueros en los últimos días.
Henrique Meireilles, expresidente del Banco Central en los anteriores gobiernos de Lula, también se muestra crítico. En una entrevista con el sitio de noticias Metrópoles, Meireilles dijo que la principal preocupación del mercado en este momento es la expansión fiscal promovida por el Ejecutivo. “El Gobierno ya ha intentado cubrir el aumento del gasto subiendo los impuestos, pero la fiscalidad brasileña ya es una de las más altas del mundo. Así que este no es el camino a seguir. Tendrá que ser necesariamente el de la limitación del gasto público”, afirmó. Paradójicamente, en este escenario crítico para Brasil, la Orden de Economistas de Brasil (OEB) premió al argentino Javier Milei como Economista del Año por su “sabiduría y determinación en las políticas monetarias y regulatorias, que han desempeñado un papel crucial en la estabilización de la economía argentina en medio de importantes desafíos”, señala el comunicado. Milei recibirá el premio el próximo mes de agosto en Brasil.

Mientras tanto, en el frente de los consumidores brasileños, su poder adquisitivo se ve cada vez más erosionado, principalmente debido a la inflación de los alimentos, con una subida récord de los huevos del 40% en pocas semanas. Precisamente los huevos están en el centro de una gran polémica estos días, y no sólo por su precio. De hecho, el Gobierno ha decidido que, a partir de marzo, los productores deberán poner la fecha de caducidad en cada huevo, pero esto iría en detrimento de los pequeños agricultores que no disponen de los medios tecnológicos necesarios para escribir la fecha en el huevo.
Al mismo tiempo, los hermanos Joesley y Wesley Batista, que han estado en el pasado en el punto de mira de la operación anticorrupción Lava Jato, compraron el 50% de la empresa Mantiqueira, que es la mayor productora de América Latina, con cerca de 4.000 millones de huevos al año. Una concentración de poder económico que, unida a la decisión del Gobierno sobre la fecha de caducidad, ha sumido en el pánico a los pequeños agricultores. Sus protestas han conseguido que el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, vuelva sobre sus pasos y ha declarado que eliminará la obligación de su categoría, pero aún no se han comunicado los criterios para definir las distintas categorías. No sólo los huevos están disparando el coste de los comestibles brasileños. También se han disparado los precios del café, los plátanos y la ensalada, que en la tercera semana de febrero aumentó un 18,48% debido también a las fuertes lluvias que azotaron varias regiones del país. Por este motivo, muchos consumidores brasileños han vuelto a utilizar estrategias similares a las empleadas durante el gobierno de Fernando Collor y su hiperinflación a principios de los años 90, es decir, abastecerse de alimentos y bienes de primera necesidad para protegerse a corto plazo de nuevas subidas inflacionistas. Según cálculos de la consultora Tendências, la inflación de los bienes de primera necesidad se situó en el 5,8% el año pasado, superando el 4,8% registrado por el índice nacional de precios al consumo (IPCA).
El sitio de noticias económicas Valor Económico informa de que el gobierno de Lula, para frenar el aumento de los precios, estudiaría también la posibilidad de frenar las exportaciones. En una reunión celebrada esta semana entre el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, Lula y el ministro de Agricultura, Fávaro, este último habría amenazado con dimitir si la propuesta salía adelante. Hoy, mientras tanto, el propio Fávaro se reunirá en la Casa Civil con representantes de los productores de carne, azúcar, etanol y biodiésel para discutir una estrategia de lucha contra la inflación. Parece, sin embargo, que el Gobierno sólo decidirá qué medidas tomar después del carnaval.
Mientras tanto, el mercado inmobiliario también muestra fuertes signos de implosión, con el riesgo cada vez más real de una burbuja dramática, cuyo precio Brasil podría pagar durante años. Hasta noviembre del año pasado, los bancos habían embargado el mayor número de propiedades para las que habían concedido créditos en los últimos cuatro años, por valor de 79.000 millones de reales (13.590 millones de dólares). La cifra equivale a un tercio del valor de todas las nuevas propiedades puestas a la venta el año pasado. Por eso se dispararon las subastas inmobiliarias. Sólo la Caixa Económica Federal, responsable del 70% de la financiación inmobiliaria del país, subastó 51.000 inmuebles el año pasado, seis veces más que en 2022. En los dos primeros meses de 2025 ya se han subastado 26 mil inmuebles, la misma cantidad que salió a subasta en todo 2023.
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