“La impunidad no solo perpetúa la violencia contra los pueblos indígenas y sus defensores, sino que también erosiona el Estado de Derecho”, señala un documento firmado por 70 organizaciones de Bolivia y diez internacionales que exigen el esclarecimiento del asesinato del líder indígena Francisco Marupa.
El viernes 14 de febrero, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla) del norte de La Paz informó sobre la muerte de Marupa, defensor del territorio de la comunidad Torewa, quien fue encontrado sin vida con evidentes signos de violencia. Según la organización, el líder indígena dedicó su vida a la protección del Parque Nacional Madidi.
La Cipla, que representa a más de una docena de comunidades, sostuvo que el crimen es parte de una escalada de violencia en la región amazónica del país, donde grupos criminales operan con impunidad en actividades ilegales como la minería, la tala de árboles y el tráfico de tierras.
Pese a estas advertencias, el Gobierno descartó que el asesinato se deba a cuestiones relacionadas con la defensa del territorio y tras detener al autor confeso del crimen, lo atribuyó a supuestos “problemas personales” entre la víctima y su verdugo.
En una publicación de Facebook, el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo del Castillo, manifestó: “La Policía Boliviana aprehendió a Julio Lero Tayo de 20 años quien reconoció ser el autor del asesinato porque tenía problemas personales con la víctima, por lo que se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló”.
Lero fue detenido de manera preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, por seis meses mientras se desarrollan las investigaciones.
En tanto, el presidente Luis Arce expresó sus condolencias por la muerte de Marupa y aseguró que su país defiende los derechos de los pueblos indígenas y no tolerará la impunidad.
Tras conocerse el asesinato del líder indígena, que era un firme opositor de la minería ilegal y el tráfico de tierras, varias organizaciones se pronunciaron para condenar el crimen y lo vincularon con la violencia que existe dentro de las áreas protegidas vinculada a actividades ilegales.
El caso de Marupa es parte de una tendencia de agresiones contra defensores ambientales en Bolivia, donde los intereses económicos vinculados a actividades extractivas ilegales amenazan la integridad de los territorios indígenas y sus habitantes.
“La negligencia y desatención estatal, junto a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ha convertido a Francisco Marupa en una víctima más de la injusticia estructural. Que el sacrificio de su vida nos ponga en alerta permanente para detener la violencia, la impunidad de grupos ilegales y criminales que pretenden hacer prevalecer sus intereses económicos devastando nuestros bosques, contaminando las aguas, destruyendo los medios de vida y el inmenso patrimonio natural y cultural que es la esencia de nuestra Casa Común”, finaliza el pronunciamiento.
Entre las organizaciones que suscriben el documento están la Fundación Jubileo, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y la Red Unitas, a la que se adhirieron organismos internacionales como la Red Iglesias y Minería, el Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación, entre otros.
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