La grave crisis energética que atraviesa Cuba llevó al régimen de Miguel Díaz-Canel a decretar la suspensión de las actividades laborales y docentes para este viernes y sábado, en un intento de reducir el consumo de electricidad ante el colapso del sistema energético.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, anunció la medida en redes sociales, argumentando que busca “contribuir al necesario ahorro”, en un intento por frenar el descontento social ante los apagones masivos.
Sin embargo, la crisis responde a problemas estructurales que ha llevado a la ruina el sistema eléctrico por falta de inversión y mantenimiento.
El colapso energético ha dejado sin electricidad a amplias zonas del país, con cortes que superan las 24 horas consecutivas en algunas ciudades. Por primera vez, el régimen ha aplicado en La Habana racionamiento eléctrico de al menos seis horas, afectando incluso a barrios que solían ser priorizados.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) admitió que la situación seguirá siendo “compleja” y que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) opera al límite.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reconoció que este jueves el 56 % del país quedaría sin electricidad de manera simultánea, una cifra solo superada por el 57 % del miércoles.
El colapso se debe a la combinación de fallos en 10 de las 20 unidades termoeléctricas y la falta de combustible, que ha dejado fuera de servicio 59 centrales de generación distribuida y dos plantas flotantes. Estas barcazas, alquiladas a una empresa turca, fueron presentadas como una solución temporal, pero cinco de ellas abandonaron el país en 2023, dejando a la isla aún más vulnerable.
La crisis energética en Cuba no es nueva, pero se ha agravado desde finales de 2024, cuando se registraron tres apagones nacionales que dejaron a la isla completamente a oscuras.
Las infraestructuras del sistema eléctrico, con décadas de explotación y sin inversión, han colapsado progresivamente ante la falta de mantenimiento y la escasez de divisas para importar combustible.
Los apagones han paralizado la ya deteriorada economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no registró crecimiento en 2024, según cifras del propio régimen. Expertos calculan que el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no logrará recuperarse en 2025, pese a la previsión oficial de un crecimiento del 1 %.
Pero más allá del impacto económico, la crisis eléctrica representa un riesgo político para Díaz-Canel, ya que los apagones han sido el detonante de protestas masivas en los últimos años.
En julio de 2021, la falta de electricidad y el descontento social desembocaron en el mayor estallido antigubernamental en décadas. En 2022, la ciudad de Nuevitas fue escenario de manifestaciones y cacerolazos, mientras que en marzo de 2024 se registraron protestas en Santiago de Cuba y otras ciudades orientales.
En La Habana, casi la mitad de la ciudad amaneció este sin electricidad, lo que se sumó a los apagones de más de un día en el interior del país.
“Hoy amanecimos sin electricidad, desde las cinco de la mañana ya no teníamos, y ayer nos la quitaron dos veces, así que estuvimos buena parte del día sin luz”, denunció Ricardo Martínez, un trabajador estatal de 60 años de Guanabacoa, en el este de la capital.
En Cienfuegos, a 230 kilómetros de La Habana, la situación es aún más crítica. “Hemos estado más de 24 horas sin corriente, ayer y antier estuvimos 26 horas“, relató Caridad Martínez, una ama de casa de 58 años que, como muchos cubanos, se ha visto obligada a cocinar con carbón ante la falta de gas.
El régimen intenta controlar el creciente malestar con medidas de emergencia como la suspensión de actividades, pero la crisis estructural del sistema eléctrico sigue sin una solución viable.
Según cálculos independientes, Cuba necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para modernizar el SEN, una inversión que el Estado no está en condiciones de afrontar.
(Con información de EFE)
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