La inflación interanual en Uruguay cayó al 5,05% en enero y lleva 20 meses dentro de la meta de Lacalle Pou

El Gobierno cierra su gestión con la suba de precios controlada, al tiempo que la administración electa se compromete a mantener el índice bajo

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El plan UTE Premia derivó
El plan UTE Premia derivó en una reducción del costo de la energía eléctrica en eUruguay

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou entrega a su sucesor, Yamandú Orsi, un país con control en la suba de precios. Desde hace 20 meses, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está dentro del rango que las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) fijaron como meta (3%-6%). El dato correspondiente a enero fue el último conocido durante la gestión del actual mandatario.

En el inicio del año, el IPC fue de 1,1% y acumuló una variación interanual del 5,05%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La suba estuvo por debajo de las expectativas de los analistas (1,3%).

Las principales incidencias que explican este resultado fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas (los precios en este rubro crecieron 0,20%), la vivienda, el agua, la electricidad y otros combustibles (0,16%), el transporte (0,14%), información y comunicación (0,19%), restaurantes y servicios de alojamiento (0,21%) y seguros y servicios financieros (0,12%).

El precio de las frutas
El precio de las frutas y verduras incidió para que la inflación siguiera controlada en Uruguay (REUTERS/Andres Stapff)

Otro factor que incidió en la inflación de enero fue la reducción que hubo en la factura de la electricidad. La empresa estatal UTE establece a fin de año el plan “UTE Premia”, que establece descuentos para algunos consumidores.

El economista Javier De Haedo escribió en la red social X que las principales “diferencias” de la inflación en enero son las frutas y verduras, que “ayudan” a mantener los precios controlados al caer 0,9% en 12 meses. Como segundo factor, incluyó al “UTE Premia” que sigue vigente y que lo que hace es retrasar “el aumento del precio de la electricidad (y lo bajó en diciembre y enero)”.

El año político en Uruguay estará marcado por el regreso del Frente Amplio al poder. Durante la gestión de Luis Lacalle Pou hubo un “mito” que se rompió, según definió el ex presidente del BCU (2020-2024) Diego Labat. Durante años, el IPC en el país estaba en una zona de confort de entre el 8% y el 10% y la intención de las actuales autoridades fue dejar para atrás una “larga historia de inflación alta” y tener bajo control la suba de precios. Con la elección de un gobierno de otro signo político, esta estabilidad parece convertirse en una política de Estado.

El presidente del Banco Central
El presidente del Banco Central de Uruguay (BCU), Washington Ribeiro (EFE/ Sofía Torres)

El presidente designado del BCU, Guillermo Tolosa, dijo a la salida del encuentro entre las autoridades económicas que la próxima administración buscará continuar con estos logros. “Cuando asumamos, el Banco Central va a mantener un compromiso con la baja de inflación, con proteger el poder adquisitivo de los uruguayos”, dijo el jerarca entrante en declaraciones a la prensa.

Al inicio de esta semana, el presidente Lacalle Pou convocó a una reunión del Consejo de Ministros en la que se destacó la situación económica que heredará el Frente Amplio. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, destacó como uno de los datos positivos el IPC. En una conferencia de prensa, sostuvo que el salario real está un 2,7% por encima de lo que se registraba en 2019, cuando asumieron las actuales autoridades.

Arbeleche recordó que entonces la inflación era de 8,8%, mientras que cerró el 2024 en 5,5% (al momento de la conferencia todavía no se conocía el dato de enero). “Menos inflación es más salario real en el bolsillo de las personas, más poder adquisitivo”, señaló.

La ministra de Economía de
La ministra de Economía de Uruguay, Azucena Arbeleche (Presidencia)

La ministra de Economía también destacó que Uruguay ostenta la nota crediticia más alta de su historia y una diferencia entre el precio de oferta y demanda (el “riesgo país”) de 80 puntos básicos, que en 2019 era de 150. Valoró que en este quinquenio hubo, según ella, un “mejor país” en materia económica, fiscal, de empleo y de salario real. Y dejó un deber para la próxima administración: “No es necesario hacer un ajuste fiscal en 2025”.

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