Evo Morales pidió disculpas públicas a un ministro de Bolivia para evitar por un juicio por difamación

Cinco meses después de haber acusado al entonces Procurador General del Estado, César Siles, de haber realizado cobros irregulares a militares, el ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) tuvo que pedir disculpas y retractarse públicamente para evitar un juicio en su contra, según confirmó Nelson Cox, abogado del ex mandatario.

El 26 de julio de 2024, un mes después de que una avanzada militar tomó la plaza Murillo de La Paz durante cinco horas, el expresidente acusó al entonces procurador haber cobrado 40 mil dólares a los militares implicados en la operación para obtener su liberación. A raíz de esa afirmación, Siles presentó una denuncia ante los tribunales de La Paz en los que denunció injuria, calumnias y difamación.

Tras varios meses en los que se realizaron audiencias de conciliación que no prosperaron, la mañana del viernes la defensa de Morales presentó la disculpa pública. Si bien Siles, ahora ministro de Justicia, aceptó la disculpa, el tema no termina ahí: el juez exige que la retractación debe ser publicada en un medio de difusión nacional y en las redes sociales del ex mandatario.

“Aceptamos las disculpas, aceptamos la retractación, pero así mismo pedimos de la misma magnitud que se ha mellado la dignidad de mi persona, se pueda publicar este memorial en un medio de circulación nacional (...) y en su cuenta de Facebook, recién podrán presentar al Juzgado 13 de Sentencia Penal esos documentos que acreditan la retractación pública y por lo cual se extinguiría la acción penal”, manifestó Siles en una conferencia de prensa.

Si bien el Código Penal, en su artículo 289, no establece específicamente la forma en que se debe realizar la retractación, “la jurisprudencia y los fallos de los jueces indican que debe ser de la misma forma en que el autor cometió el delito de difamación, calumnia o injuria”, explicó a Infobae el abogado constitucionalista José Luis Santistevan. “Antes se hacía por publicación de periódico impreso, así lo ordenaban los jueces. Ahora lo hacen por medios de redes sociales, porque generalmente por ese medio se realiza la difamación”, agregó.

El 26 de junio de 2024, a primera hora de la tarde, Bolivia se estremeció un episodio que parecía un intento de golpe de Estado: una avanzada militar tomó la plaza Murillo, el centro del poder político en el país, y un tanque intentaba derribar la puerta del Palacio de Gobierno. La acción estaba dirigida por el comandante General del Ejército, Juan José Zúñiga que, según se supo después, había sido informado de su inminente destitución en la víspera.

La toma de la plaza duró alrededor de cinco horas tras las cuales las fuerzas armadas se retiraron y el comandante fue detenido. En los minutos previos a su arresto, Zúñiga manifestó ante los medios que fue una operación realizada por pedido del presidente Luis Arce, en un intento por subir su popularidad. El Gobierno desmintió esa versión y calificó la acción como un intento de golpe fallido, en la oposición hay quienes creen que fue una acción planificada por la administración de Arce y otros que sostienen que fue una maniobra de Zúñiga para evitar su destitución.

Un mes más tarde, el ex presidente Morales manifestó en una conferencia de prensa que el entonces procurador del Estado estaba cobrando 40.000 dólares a las familias de los diez militares detenidos por la asonada para liberarlos.

“La familia de un militar detenido me informó, y traté de cruzar información de un juez, todavía no tengo pruebas (…). El procurador General del Estado, César Siles, ha sacado 40.000 dólares para liberar a cada soldado detenido, que se investigue, son más de 10 militares, ha prometido liberarlos y ha sacado 40.000 a cada uno, si no libera tiene que devolver”, señaló el líder cocalero una conferencia de prensa en la ciudad de El Alto.