El suministro de agua potable en Uruguay estuvo en 2023 seriamente comprometido. El líquido comenzó a salir salado de los grifos y el Gobierno inició una cuenta regresiva sobre los días que faltaban para que el recurso excediera los niveles de cloro aptos para el consumo humano. También hubo que apurar medidas paliativas para encontrar otras reservas de agua dulce. Y, una vez solucionado el problema, quedó resonando una pregunta: ¿cuál es la solución de fondo?
La respuesta a esa pregunta tiene diferente respuesta según la campana que se escuche. En 2019, el presidente Tabaré Vázquez le había presentado a su sucesor, Luis Lacalle Pou, la propuesta de construir una represa en el pueblo Casupá, sobre el Río Santa Lucía. Pero el gobierno del actual mandatario prefirió ir por una megaobra sobre el Río de la Plata.
Se trata del Proyecto Neptuno, en Arazatí (San José), a unos 100 kilómetros de Montevideo. La idea fue presentada por el consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast), y propone la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora, una estación de bombeo y una tubería.
El proyecto se postergó durante la gestión de Lacalle Pou y quedó relegado hacia el final. Este jueves 23 se concretó la firma entre el Poder Ejecutivo y el grupo de privados. Fue una jugada polémica: en noviembre, el Frente Amplio ganó las elecciones y el 1° de marzo asumirá Yamandú Orsi la Presidencia. Y el gobierno electo ha planteado sus reparos a este proyecto.
La Presidencia comunicó por la tarde esta decisión. “Se culmina un proceso que se inició en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y operación de un sistema de potabilización y abastecimiento de agua potable, que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos”, justifica el gobierno saliente en el comunicado.
El proceso estuvo lleno de idas y vueltas porque, a las críticas de la actual oposición (que en marzo pasa a ser oficialismo), se le suma el rechazo de movimientos sociales. Además, hubo una decisión judicial –que fue desestimada por un Tribunal de Apelaciones– que hizo detener por un tiempo la firma del contrato. El argumento de los recursos judiciales presentados es que la Constitución uruguaya establece que el suministro del agua debe ser realizado por el Estado.
Pero lo cierto es que el gobierno siguió adelante con el proyecto y aseguró haber cumplido con todos los pasos técnicos y ambientales requeridos.
En el comunicado, el Poder Ejecutivo recordó la sequía que casi deja sin agua potable a la capital uruguaya. “Conviene recordar la crisis hídrica que afectó al país en el 2023 y su impacto en la calidad del agua. El proyecto Arazatí garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y en el área metropolitana”, argumentó.
La decisión fue cuestionada por el presidente electo. En una conferencia de prensa, Yamandú Orsi señaló que le pareció inoportuno que se firmara el contrato.
“Hoy de mañana (por el jueves) le transmití al presidente de la República, le mandé una nota, con mi posición concreta. Tiene que ver con la discrepancia en el sentido de la oportunidad de que se firme. Hay un tema de contenido y ahí nosotros hemos planteado cuáles son nuestras visiones. Es cierto que lo que se firma deja previsto un espacio para modificar algo, pero mi visión contraria tiene que ver con la oportunidad, que se firme faltando tan poco para un cambio de gobierno”, señaló.
Orsi dijo que se analizará en un futuro “qué es lo que establece” el contrato y cuán “amplio” es ese “márgen de flexibilidad” que está establecido.
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