Un insólito caso de piratería, motín y secuestro protagonizaron tres pescadores chilenos el fin de semana pasado, quienes redujeron por la fuerza al capitán y al resto de los tripulantes y tomaron el control de “La Monserrat” al quedarse la nave a la deriva debido a un desperfecto mecánico.
Según antecedentes de la causa, Antonio Atenas Taiba, Rodrigo Parra Castro y Matías Martínez Fica amenazaron con incendiar la embarcación si no les entregaban la suma de $12 millones de pesos (USD 12 mil), mientras se encontraban a una distancia de 326 millas náuticas -unos 600 kms-, del puerto de Caldera (870 kms al norte de Santiago).
Tras su aprehensión por parte de personal de la Armada, los tres piratas modernos quedaron en prisión preventiva al ser imputados en el Juzgado de Garantía de Caldera por el antiguo -aunque aún vigente en el Código Penal chileno- delito de piratería.
Los hechos
Según informaron desde la Fiscalía Regional de Atacama, cuando “La Monserrat” quedó a la deriva producto de una falla mecánica los tres individuos tomaron por la fuerza el control del barco y amenazaron también a otra embarcación que se acercó para prestar ayuda.
Sin embargo, los rehenes lograron escapar en botes salvavidas y fueron rescatados por efectivos de la Armada, que además tomaron por asalto a “La Monserrat” y detuvieron a los amotinados.
“Según la información contenida en la carpeta investigativa de esta causa, hasta el sector en que ocurrían los hechos se aproximó otra embarcación que prestaría ayuda a la que presentaba los desperfectos, momento en que los imputados advirtieron vía radial que destruirían ambas naves si es que cada uno no recibía un pago millonario, además de otra suma de dinero por cada persona cautiva. Frente a esta amenaza las víctimas lograron escapar en botes de emergencia, luego de lo cual fueron rescatados”, informó Juan Fernández Espejo, vocero de la Fiscalía en cuestión.
En la formalización que se llevó a cabo el sábado -aunque recién este lunes trascendió la noticia-, el juez que llevó la audiencia recordó que el delito de piratería se configura cuando existe robo con violencia o intimidación en las personas afectadas.
Según el artículo 434 del Código Penal, aquellos que incurran en actos de piratería arriesgan una pena que parte en los cinco años y un día y puede llegar incluso hasta presidio perpetuo, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Debido a ello y puesto que los persecutores lograron establecer que se cumplían todos los requisitos para que los tres improvisados corsarios fueron investigados por ese delito, el juez razonó que eran un peligro para la sociedad y determinó enviarlos a cumplir prisión preventiva en la cárcel de Copiapó, fijando un plazo de 30 días para la investigación.
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