
Los cocaleros de Cochabamba, en Bolivia, informaron que han reforzado la seguridad sindical del ex presidente Evo Morales (2006 – 2019) en la región del Trópico, bastión político donde se encuentra atrincherado desde hace más de dos meses ante una posible aprehensión.
Según el secretario ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, Isidro Auca, la Policía tendría planificado un operativo para “aprehender o atentar” contra la vida de Morales en los siguientes días, en medio de las fiestas de fin de año. “Las organizaciones sociales estamos firmes para defender su vida, aunque sea en fiestas, frío, lluvia, los compañeros vamos a seguir resguardando”, manifestó en entrevista con la radio Kawsachun Coca.
El ex presidente está imputado por los delitos de trata de personas y tráfico. Según documentación de la Fiscalía, Morales habría tenido una hija con una adolescente el año 2016, a la que registraron dos años más tarde en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituiría la prueba del delito. La víctima tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo.
La investigación inició su curso durante el Gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020) y fue retomada en septiembre de este año. Desde entonces, se han emitido dos órdenes de aprehensión, las cuales quedaron sin efecto por un recurso de acción de libertad interpuesto por los abogados de Morales en una sala judicial de Santa Cruz.

Sin embargo, los rumores sobre su inminente aprehensión no han dejado de circular. Hace un par de días, el viceministro de Régimen del Interior, Jhonny Aguilera, manifestó que grupos de cocaleros formaron un cerco de protección a su líder pero que si la Policía es notificada con el mandamiento de captura, ejecutarán acciones para aprehender al ex mandatario.
Morales vive en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. La última vez que fue visto en otro lugar fue a finales de septiembre, cuando concluyó una marcha de 189 kilómetros en protesta contra el Gobierno y en demanda de acciones económicas y políticas. El final de la movilización coincidió con la investigación de trata y estupro, y desde entonces no ha vuelto a salir de su bastión.
“Ni que fuera tonto para entregarme”, manifestó en una entrevista cuando fue consultado sobre su ausencia a la toma de declaraciones en la Fiscalía.
El 27 de octubre, cuando se dirigía a realizar su programa dominical de radio, fue atacado por agentes de la Policía que dispararon contra los vehículos en los que se trasladaba en lo que calificó como un atentado contra su vida. Un día después, el Gobierno admitió que se trató de una operación policial pero la justificó argumentando que Morales había saltado un retén policial y que en su intento de huir atropelló a un policía y abrió fuego contra los vehículos oficiales.

El ataque a sus vehículos y la investigación que lo puede llevar a la cárcel, se dan en medio de un momento de tensión dentro del Movimiento Al Socialismo, en una disputa entre Morales y el presidente Luis Arce por el control del partido y la candidatura para las elecciones de 2025, una batalla en la que por el momento el líder cocalero está desfavorecido a raíz de sentencias judiciales que lo inhabilitan como candidato y le quitaron el control del partido que lideró por más de 20 años.
“Muchas gracias por cuidarme, por protegerme, por darme seguridad, nunca voy a olvidar lo que estamos viviendo, eso no va a ser en vano, ojalá sea cuestión de tiempo para seguir con esta liberación”, expresó Morales en una cena navideña con las federaciones cocaleras.
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