El abogado de Evo Morales aseguró que la orden de aprehensión contra su defendido fue anulada

El equipo jurídico del ex presidente boliviano Evo Morales (2006 – 2019) logró anular una orden de captura en su contra a través de una acción de libertad otorgada por una sala constitucional de Santa Cruz, según confirmó a Infobae una de sus abogadas.

Esta semana, la Fiscalía informó que existía un mandamiento de aprehensión, emitido el 16 de octubre, luego de que el líder cocalero se ausentara a la toma de declaración a la que fue convocado por la Fiscalía Departamental de Tarija (sur). “Si están hablando de la orden de aprehensión que fue emitida por la fiscal Gutiérrez el 16 de octubre, esa orden ha sido dejada sin efecto con la acción de libertad que se llevó en la ciudad de Santa Cruz”, informó el jurista Marcelo Galván en entrevista con el canal DTV y confirmó a Infobae la abogada Cecilia Urquieta.

Es la segunda vez que los abogados del líder cocalero interponen un recurso legal para evitar su captura. A finales de septiembre, la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez, emitió una orden de aprehensión por el mismo caso pero quedó anulado por una acción de libertad. Sin embargo, la investigación siguió su curso y Morales fue convocado a declarar el 10 de octubre ante una comisión de fiscales pero no se presentó. En su lugar, llegó uno de sus abogados a presentar un memorial y justificar la ausencia de su defendido argumentando que no habían garantías.

Al finalizar esa jornada, Gutiérrez informó que lo que correspondía era la emisión de una nueva orden de aprehensión. Sin embargo, no fue hasta la semana pasada que se conoció públicamente que el documento había sido emitido el 16 de octubre, pero la Policía no fue notificada.

Para el abogado Galván, la anulación de la orden justifica la inacción de la Policía. “Eso motiva las vagas declaraciones del ministro de Gobierno y de la Policía, porque ellos saben que sin una orden de aprehensión válida y vigente no pueden actuar”, manifestó.

En días previos, el viceministro de Seguridad Ciudadana y ex comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera informó que en la región del Chapare -la zona cocalera y bastión político de Morales- existía un “anillo de seguridad”, conformado por comunarios, que impedirían la captura del jefe del Estado. Sin embargo, dijo que existían procedimientos para dar cumplimiento al mandamiento judicial.

La justicia también emitió una alerta migratoria contra Morales, que permanece en la región cocalera desde hace casi tres meses bajo el resguardo de sus seguidores.

Según documentación oficial, Morales habría tenido una hija con una adolescente en el año 2016, a la que registraron dos años más tarde en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituiría la prueba del delito. La víctima tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo.

En la denuncia también se acusa a los padres de la víctima por supuesta complicidad y haberse beneficiado con cargos públicos durante la vinculación del ex presidente con su hija. El padre de la joven cumple detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos (Tarija), mientras que el paradero de la víctima y su madre se desconoce. El abogado de ambas informó que están en el país pero las autoridades creen que pueden haber escapado a Argentina. En todo caso, también se activó una alerta migratoria contra la madre, según informó la Fiscalía.

Hasta ahora, ni Morales ni nadie de su entorno ha negado la comisión del delito y han acusado al Gobierno de estar detrás con el objetivo de eliminarlo del escenario político mediante la manipulación de la justicia. Según la fiscal Gutiérrez, el ex mandatario enfrentará una pena de entre 10 y 15 años.