El Gobierno de Bolivia admitió que existen operaciones de crimen organizado en la región cocalera del Chapare

El Gobierno de Bolivia manifestó ayer que en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, existen operaciones del crimen organizado. “En lo que corresponde a la región de Shinaota, de Entre Ríos y otras (del trópico de Cochabamba), se han producido una serie de hechos vinculados a la seguridad interior como (…) secuestro y sicariato de personas, además del tráfico de armas”, manifestó el viceministro de Seguridad Ciudadana y ex comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, al periódico El Deber.

Las declaraciones del viceministro coinciden con el retorno de la Policía a la región del Chapare después de 49 días de repliegue. El 29 de octubre, durante los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales, los agentes policiales abandonaron la zona. A decir de Aguilera, el repliegue respondió a un “contexto político” que impedía el cumplimiento de sus servicios y para evitar confrontaciones.

Con la salida de los agentes policiales se interrumpieron varios servicios, como la atención de los bancos y algunas instituciones públicas.

El lunes, tras llegar a un acuerdo con los alcaldes de la región, se realizó un acto de desagravio que marca el retorno de la Policía a la región cocalera. Durante el evento, Aguilera sostuvo que en ausencia de los agentes policiales se cometieron varios delitos como el asesinato de cinco personas en una operación fallida de venta de armas en la comunidad de Colomi.

La región del Chapare está en el centro del país y es conocida por albergar la mayor cantidad de cultivos de coca y ser el bastión político de Evo Morales, ahí se formó como dirigente sindical y es el lugar donde se resguarda de la orden de aprehensión que pesa en su contra, bajo la protección de sus seguidores.

El retorno de más de 250 policías a la región incluye a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen además de unidades especializadas en delitos penales y violencia contra mujeres y niños. Paralelamente, se reiniciaron operaciones contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos de coca excedentaria.

Sobre la orden de captura que existe en contra del ex presidente, Aguilera informó que existe un “anillo de seguridad” conformado por comunarios que impide su detención.

El viceministro explicó al programa Piedra, papel y tinta que para cumplir con la orden judicial, pese a la supuesta barrera formada por los seguidores del ex presidente, existen “cuestiones estratégicas vinculadas a la operación van a ser desarrolladas por nuestra Policía, obviamente hay un planeamiento, hay formas y procedimientos para su ejecución”, manifestó.

El 16 de diciembre se conoció a través de los medios que existe una orden de captura contra Morales y la Fiscalía anunció que pedirá seis meses de detención preventiva en el marco de la investigación que lo acusa por los delitos de trata y estupro, por presuntamente haber embarazado a una adolescente de 15 años durante su Presidencia.

El ex mandatario no ha negado la comisión del delito pero lo atribuye a una estrategia del Gobierno para eliminarlo del escenario político. Según la fiscal asignada al caso, el líder cocalero puede enfrentar una pena de entre 10 y 15 años de prisión.