Con un año de retraso y después de superar una seguidilla de obstáculos, este domingo 7,3 millones de bolivianos acuden a las urnas para renovar a los jueces de las altas cortes, una elección inusual en el mundo.
Es la tercera vez que la nación andina participa en esta elección, que fue incluida en la Constitución Política del Estado de 2009 y cuya primera votación se realizó en 2011. En ese proceso electoral, y en el que siguió en 2017, la votación tuvo una predominancia de los votos nulos y blancos, lo que algunos expertos interpretan como una falta de conocimiento sobre los candidatos, los cargos electos y el rol de las instituciones.
En la votación se renovará -parcialmente- a los jueces que integran los tribunales Supremo, Constitucional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, una sentencia declaró “desierta” la convocatoria en cinco de nueve regiones por lo que siete jueces no serán relevados (cinco del Constitucional y dos del Judicial).
A diferencia de las dos experiencias anteriores, esta votación suscita mayor interés en la clase política porque el retraso de un año provocó la prórroga de mandato de los jueces anteriores, lo que generó polémica por la legitimidad de sus resoluciones. Adicionalmente, los jueces “auto prorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional firmaron fallos controversiales que beneficiaron al Gobierno, como limitar las facultades de la Asamblea Legislativa o sacar del escenario político institucional a Evo Morales, a quien le vetaron la posibilidad de ser candidato y lo desplazaron de la cúpula del partido oficialista.
¿Qué está en juego en esta elección? Para el analista político Carlos Saavedra, lo que está en disputa es la correlación de fuerzas en los poderes del Estado. “Se asume que los jueces electos tienen tendencia a coordinar con un los frentes políticos y sus distintas alas. Es un poder del Estado que hoy es gravitante, antes no era. La Justicia ha terminado ordenando lo que la política no ha podido ordenar”, explica.
En ese sentido, desde la oposición ha surgido la propuesta de votar por jueces que no tengan antecedentes de haber estado vinculados con el oficialismo. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, es una de las caras visibles de este movimiento. Junto a otros colegas, Campero elaboró las denominadas “listas azules” -en referencia al color del Movimiento Al Socialismo- en las que muestra qué jueces son sospechosos de estar aliados al Gobierno y piden a la población votar por quienes están fuera de esa clasificación.
“Jamás podría estar de acuerdo con el método impuesto para elegir a los magistrados de Justicia en nuestro país”, escribió Campero en su cuenta de X. “Sin embargo, estoy convencida de que votar blanco o nulo es darle una tarjeta verde al gobierno para que siga prostituyendo y manejando nuestra justicia”, argumentó al momento de presentar las listas.
Saavedra recuerda que en las anteriores elecciones la oposición pidió votar nulo o blanco, en rechazo a un método de elección que consideran fallido. “En las anteriores elecciones pidieron votar nulo y perdieron un espacio de poder. Entonces ahora han dicho ‘estas son las reglas y hay que entrar a jugar al barro’”, argumenta el analista.
El Gobierno, en cambio, no ha mostrado interés en la votación de este domingo, más allá de participar algunos asuntos que le corresponden, como recibir a la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). La administración de Arce parece más enfocada en enfrentar desafíos mayores relacionados a la crisis económica que en las elecciones judiciales.
La votación del domingo es trascendental por el rol que ha asumido el Judicial en el ordenamiento político del país y los resultados generan expectativa en los círculos de poder. Sin embargo, estudios de opinión muestran que la mayoría de la población está más preocupada en resolver las dificultades económicas y no parece estar interesada en un proceso electoral sobre competencias técnicas que poco se entienden. Los resultados dirán.
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