El director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy y ex ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, repudió la condena de este lunes de la Justicia al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso “Petrocontratos” y la describió como “una sentencia infame”.
“Es la prueba de la infamia y de la persecución que la dictadura de Bolivia hace contra el ex Presidente, de la violación de los Derechos Humanos con jueces que son verdugos y títeres del régimen, y encubren los crímenes de (Evo) Morales, (Luis) Arce y los que controlan el país desde hace años”, comenzó diciendo Sánchez Berzaín durante su participación en el programa Que No Me Pierda, antes de sumar que el Gobierno impulsa estrategias de intimidación contra la disidencia como lo hacen los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua.
“Es una prueba fehaciente de que, hoy en día, Bolivia al igual que Cuba, Venezuela y Nicaragua aplica el mecanismo de terrorismo de Estado judicializado para perseguir a los opositores, a la gente cuya reputación quiere dañar y, además, utiliza todo esto como una cortina de humo para encubrir todo lo que está pasando en el país”, denunció a continuación.
La víspera, tras 20 años de investigaciones, la Justicia de Bolivia determinó que el ex Presidente, junto con los dos ex ministros Jorge Berindoague y Carlos Alberto Contreras, y el ex viceministro Carlos Alberto López fueron “autores de la comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” tras haber aprobado contratos petroleros sin aval del Legislativo, y los condenó, por tanto, a seis años y tres meses de cárcel.
Todo el proceso se dio con los acusados en calidad de rebeldía, especialmente en el caso de Sánchez de Lozada quien, desde 2003, reside en Estados Unidos. Esto significa que, para cumplir con la sentencia impuesta, Washington debería aprobar el pedido de extradición que Bolivia ya ha realizado en el pasado, algo que aún no ha ocurrido y que Sánchez Berzaín ve poco probable.
“La narrativa que el régimen (de Luis Arce) está imponiendo es totalmente falsa. No es cierto que esos contratos no hayan tenido autorización legal”, aseguró con tono de confianza y, por el contrario, sumó que se trata de una “manipulación de la Justicia, que no es Justicia sino un grupo de títeres que persigue a inocentes y logran esto que llaman sentencia”.
De hecho, mencionó que durante el proceso judicial “se han violado todas las garantías”, entre ellas “la presunción de inocencia, el debido proceso legal, el principio de juez imparcial, el principio de que en ese proceso -estando declarado en rebeldía el acusado- no hay manera de que el juicio prosiga e, igualmente, prosiguió”. “Es una sentencia infame que se define como una disposición de autoridades incompetentes que, además, violan los Derechos Humanos y no tienen principio de aplicación (...) Esa sentencia no vale más que las que han dictado (...) los jueces de las dictaduras de Cuba y Venezuela”, sentenció.
El ex Ministro de Gobierno también se refirió a la situación de los ex mandatarios Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, quienes estuvieron involucrados en los contratos pero fueron excluidos del caso por una amnistía otorgada por Morales, y alertó que esto no es más que una “prueba de la relación de la alta traición a la patria de los opositores funcionales, que simulan estar haciendo oposición a un Gobierno del que son parte”. “Eso sirve simplemente para tratar de presentar a Bolivia como una democracia cuando, en realidad, es una dictadura”, continuó.
En ese sentido, opinó también sobre el presente del país, que no tiene gas, gasolina o dólares para pagar sus importaciones, ni excedentes para exportación, y responsabilizó de todo ello a Movimiento al Socialismo, que lidera “un narcoestado”.
“Estamos mirando un sistema de crimen organizado que no es política, donde el crimen se tapa con amnistía, y amnistía con amnistía se paga. Estamos camino a ser Cuba y Venezuela de la mano de estos opositores funcionales”, dijo.
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