Los trabajadores del predio Santa Rita retomaron sus labores agrícolas bajo custodia policial y en medio de un clima de tensión por las amenazas de avasallamientos. La estancia de más de 4 mil hectáreas, ubicada en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, había sido tomada por grupos irregulares durante el fin de semana y luego recuperada en un operativo policial.
El viernes, la Policía informó que logró retirar a un grupo de unas 200 personas que habían ingresado de manera violenta al predio donde se cultiva sorgo y soya. Sin embargo, al día siguiente, estas personas intentaron volver a tomar el campo. Cuando llegó un nuevo contingente policial, los agentes fueron atacados con palos, machetes y piedras, una ofensiva que provocó 14 policías heridos que tuvieron que ser evacuados a un hospital de Santa Cruz, informó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
Pese a las agresiones, Aguilera confirmó que se logró ejecutar el desalojo el sábado por la tarde e informó que un grupo policial sentó una base de operaciones en la localidad para evitar que se registren asentamientos ilegales. Sin embargo, pese a la toma ilegal y las agresiones a las fuerzas policiales, no se detuvo a nadie en el operativo.
Este lunes, las labores agrícolas fueron restablecidas en el predio. “Estamos retomando lo que se paralizó, pero solo podemos hacerlo bajo custodia. Las amenazas son constantes, y el tiempo apremia, ya que las lluvias podrían impedir el trabajo (agrícola)”, relató un trabajador citado por el periódico cruceño El Día.
El viceministro Aguilera señaló que en la zona operan organizaciones criminales con el objetivo de apropiarse ilegalmente de tierras. Aseguró que se tiene identificados a los cabecillas y que serán procesados por la justicia.
Avasallamiento en otro predio
Este lunes se denunció que el predio San Fernando, ubicado a 10 kilómetros de Santa Rita, fue invadido por grupos irregulares que ingresaron armados y se presume que son los mismos que fueron desalojados por la Policía el fin de semana. Según reportes de prensa, estas personas expulsaron violentamente a las familias que custodiaban el campo.
Los representantes de la Empresa Jihussa Agropecuaria, que trabaja el predio, se movilizaron para rescatar a las personas que fueron retiradas del campamento y sentaron una denuncia ante la Fiscalía.
Los avasallamientos de tierras privadas, fiscales y áreas protegidas son frecuentes en Bolivia y están vinculadas al tráfico de tierras, en una acción que busca “legalizar” la propiedad de los campos a partir de la toma ilegal de éstos a través de la construcción de viviendas precarias, de madera o calamina y sin acceso a ningún tipo de servicio básico, que luego se niegan a abandonar. Muchas veces a estos asentamientos le sigue el ingreso de maquinaria pesada que deforesta los campos para convertirlos en tierras productivas, que pueden operar directamente, alquilar o vender.
Los reportes de prensa dan cuenta que los grupos irregulares que toman las tierras son cada vez más violentos y están armados, lo que desafía el control de la propiedad en estos predios. Según el INRA, la entidad pública que regula el acceso a la tierra, en 2022 registraron 237 tomas ilegales, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
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