En su primera aparición pública después de haberse quedado sin partido político, Evo Morales estuvo en su programa de radio rodeado de dirigentes cocaleros y los senadores Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, que pidieron “unidad” entorno al liderazgo del ex presidente quien afirmó “sindicalmente no vamos a rendirnos ni vamos a vendernos”.
Para el viernes, el cocalero ha convocado a líderes de sectores sociales y ex autoridades para definir las acciones que van a seguir. “Somos conscientes de los intentos de fragmentar al movimiento campesino indígena y popular, pero, desde el Trópico de Cochabamba, buscamos constituirnos en ejemplo de unidad y resistencia”, escribió Morales en sus redes sociales.
El jueves, una sala del Tribunal Constitucional de Bolivia le quitó la jefatura del Movimiento al Socialismo (MAS) y ha reconocido en su lugar a Grover García, un dirigente aliado de Luis Arce, que había sido proclamado por una facción del partido en un acto observado por el incumplimiento de los requisitos establecidos.
Esta resolución judicial cierra una de las disputas sobre las que se sostenía la pelea entre Morales y su antiguo delfín, ambos pugnaban el control del partido y la candidatura presidencial para 2025.
El líder cocalero enfrenta además una serie de procesos legales que su entorno considera una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político mediante la manipulación de la justicia. En las últimas horas, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anunció que se iniciará una denuncia penal por negación de auxilio, tras el supuesto incidente ocurrido en el Chapare (Cochabamba) en el que la comitiva del ex presidente habría atropellado a un policía y disparado contra las fuerzas del orden, lo que habría derivado en la consecuente persecución y tiroteo a su vehículo.
“El señor Morales ya prestó su declaración informativa dentro del proceso penal, contando su versión y omitiendo que dispararon contra la Policía boliviana y que atropellaron a un agente. Mínimamente, va a ser procesado por omisión de socorro, sabiendo que uno de sus escoltas o él, estando dentro del vehículo, evitó prestar el auxilio correspondiente”, afirmó Del Castillo en conferencia de prensa.
A esta denuncia se suman otras abiertas desde finales de septiembre, cuando Morales intensificó sus protestas a través de una marcha y un prolongado bloqueo de caminos. La causa más avanzada tiene que ver con el presunto abuso sexual de una menor de edad cuando presidente, por el cual tuvo una orden de captura que quedó sin efecto tras una acción judicial.
El cerco también se cierra contra dirigentes cercanos a Morales. Humberto Claros y Ramiro Cuchi, dos de los campesinos que coordinaron los bloqueos contra el Gobierno, fueron detenidos acusados de los delitos de terrorismo y alzamiento armado. También hay órdenes de detención contra Ponciano Santos, un dirigente afín a Morales y el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien desde la clandestinidad alertó que no será un “objetivo fácil” y pidió a la población mantenerse en la lucha contra el “abuso de poder” del gobierno de Luis Arce.
“Las detenciones de dirigentes de organizaciones sociales continúan en Bolivia con la lógica de criminalización de la protesta social. Estas acciones le ponen alfombra roja a la derecha y tienen como fin destruir al bloque popular, que transformó Bolivia en estas últimas décadas”, escribió Gabriela Montaño, ex parlamentaria y una de las figuras más cercanas a Morales.
El ex presidente, rodeado por acusaciones penales y con pocas posiblidades de participar en las elecciones de 2025, permanece refugiado la zona cocalera del centro del país arropado por sus seguidores donde espera reunir a sus aliados el viernes para definir el futuro inmediato del “evismo” en el nuevo escenario político.
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