
La Policía de Bolivia está rodeando al entorno de Evo Morales. Por los bloqueos realizados entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre fueron aprehendidos los dirigentes campesinos Humberto Claros y Ramiro Cucho, que lideraron las protestas y cobraron notoriedad al hacer anuncios sobre la manifestación a través de los medios de comunicación.
La Fiscalía General del Estado ha pedido su detención preventiva por seis meses en el penal de Chonchocoro (El Alto) para dar curso a las investigaciones que los acusan por los delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros.
El fiscal general Roger Mariaca garantizó el respeto al debido proceso y el resguardo de los derechos y garantías de los investigados. “En este hecho, como en cualquier otro, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar siempre respetando los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución para los imputados e investigados, dirigiendo una investigación responsable”, indicó.
Tras conocerse que habían sido capturados, Morales se pronunció en redes sociales y dijo que “con este tipo de acciones al margen de la ley, buscan disciplinar y acallar al pueblo que sufre la inflación, escasez de combustibles y falta de movimiento económico”. El líder cocalero calificó estas detenciones como un “secuestro” y aseveró que “a través de la manipulación de la justicia se busca disciplinar a la sociedad para que acepte callada y sumisa la actual situación económica”.

Claros, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), fue aprehendido en jueves en el municipio de Quillacollo (Cochabamba) por policías vestidos de civil e inmediatamente trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz. Cucho, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) fue detenido en Potosí y también llevado a la sede de Gobierno.
Estas detenciones se suman a otras 170 de personas que participaron en la protesta contra el Gobierno. También conoce que hay órdenes de captura contra el dirigente Ponciano Santos y el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ambos colaboradores cercanos del ex presidente.
La aprehensión de los dirigentes Cucho y Claros se dio después de una semana de que se levantaran los bloqueos de 24 días en contra del Gobierno, con los que el país estuvo parcialmente paralizado y que generaron una pérdida de 2.000 millones de dólares, según los datos que maneja la administración de Luis Arce.
La movilización llegó a tener 23 cortes de carretera simultáneos, la mayoría ubicados en el departamento de Cochabamba (centro), con lo que el occidente y oriente del país estuvieron incomunicados. Los piquetes generaron desabastecimiento de algunos productos alimenticios y la consecuente fluctuación de los precios en los mercados. Adicionalmente, se alteró la logística de distribución de combustible lo que profundizó la crisis de suministro de diésel y gasolina que enfrenta el país desde hace varios meses, y que hasta ahora no se regulariza.

Tras la detención de ambos dirigentes, diputados y senadores que responden al presidente Luis Arce se pronunciaron para exigir que se investigue el origen de los recursos económicos con los cuales se financiaron los bloqueos. “Creemos que pudo haber llegado dinero de Venezuela y eso nos daña”, declaró la senadora Virginia Velasco a los medios en La Paz.
La audiencia en la que se defina la situación jurídica de los campesinos aprehendidos se realizará este viernes en la ciudad de La Paz.
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