El gobierno chileno explicó por qué no quiere que sus funcionarios se hagan un test de drogas

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió al paso a las críticas de la oposición tras anunciar una “reserva de constitucionalidad”, de aprobarse la indicación presentada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) a la Ley de Presupuestos 2025, que busca que el presidente de la República, sus ministros y también subsecretarios, se sometan a partir del próximo año y de manera semestral a un examen de drogas, cuyos resultados deberán hacerse públicos.

Dicha reserva permitiría al Gobierno recurrir al Tribunal Constitucional y dirimir la legalidad de la indicación presentada, puesto que podría interferir con la autonomía del Poder Ejecutivo.

“Tendrá que ser el propio gobierno y sus parlamentarios quienes le expliquen a los chilenos por qué se opusieron a que las principales autoridades se sometan a un examen de drogas, tal como ya lo hacemos los parlamentarios”, fustigó este martes Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, según consignó Emol.

El Gobierno recogió el guante y este miércoles, en conversación con radio Cooperativa, Marcel partió explicando que “la discusión del Presupuesto se enmarca en una institucionalidad -la que emana desde la Constitución- que establece que hay ciertas materias fiscales que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Al mismo tiempo, también hay normas para la Ley de Presupuesto que son comunes a otras leyes, (como) que en una ley no se pueden introducir cosas que son ajenas al marco original, al propósito de esa ley”.

Sin embargo, “muchas veces se plantean indicaciones por parte de los parlamentarios que se refieren a temas que son atendibles, necesarios, etcétera, pero que no son de iniciativa parlamentaria, o que no corresponden al proyecto sobre el cual se está haciendo la indicación, y a eso nos referimos ayer”, argumentó el secretario de Estado.

A modo de ejemplo -y dentro de la misma Ley de Presupuesto-, señaló que “se han hecho indicaciones para subirle el sueldo a los Carabineros, pero no es que el Ejecutivo no quiera hacerlo: es que no es materia de iniciativa de los parlamentarios, sino que del Ejecutivo”.

Debido a ello, “si se quiere legislar sobre el tema de los test de drogas, hay que buscar un mecanismo idóneo para hacerlo. Además, recordemos que la Ley de Presupuesto tiene una vigencia solamente de un año, entonces no podemos transformar al Presupuesto en una especie de ley universal, sobre casi cualquier cosa durante un año”, agregó en tono pedagógico.

“Tenemos que mantener una cierta racionalidad en el proceso legislativo, y no me cabe duda de que si hay interés y voluntad en que se apliquen test de drogas para tal o cual sector, para los que ejercen tales o cuales cargos, se va a encontrar un mecanismo más idóneo para hacerlo que la glosa de la Presidencia de la República, que se refiere fundamentalmente al funcionamiento de La Moneda, o de las giras a regiones que hace el Presidente”, remató la autoridad.

Sus palabras fueron refrendadas por otros dos ministros - Antonia Orellana de Mujer, y Esteban Valenzuela, de Agricultura-, dejando más que clara la postura del Gobierno.

“La Ley de Presupuesto es ese momento en que, como país -al igual que una jefa de hogar-, decidimos en qué vamos a priorizar el gasto. Es una discusión muy seria y, por lo tanto, creemos que hay mecanismos más idóneos para legislar estos asuntos”, recalcó Orellana, según el medio citado.

Valenzuela, mientras tanto, indicó que “lo que está en juego en el Presupuesto son las prioridades: mantener la reactivación económica, lograr acuerdos para generar equidad y eso requiere la capacidad y la coherencia del Congreso”.