
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un conjunto de medidas económicas destinadas a mitigar el impacto de la crisis energética provocada por el estiaje. Estas acciones, suscritas en el Decreto Ejecutivo No. 444, incluyen el diferimiento de obligaciones financieras, la reestructuración de créditos y algunas medidas de compensación para los usuarios de servicios de internet. Las disposiciones buscan aliviar la presión económica sobre los ciudadanos y las empresas, garantizando al mismo tiempo la estabilidad del sistema financiero.
El decreto permite a las entidades de los sectores financiero público, privado y popular y solidario implementar programas de diferimiento extraordinario por un periodo de hasta 90 días. Estas cuotas diferidas serán trasladadas al final de la tabla de amortización sin que se generen intereses moratorios, gastos, recargos ni multas. Esta medida podrá ser solicitada por los clientes o propuesta directamente por las entidades financieras, siempre con la aceptación expresa del deudor.
“La instrumentación del programa de diferimiento no causará intereses moratorios, gastos, recargos ni multas”, establece el decreto. De esta manera, quienes accedan a este alivio financiero no enfrentarán costos adicionales.
Además, el decreto faculta a las entidades financieras para reestructurar y refinanciar créditos, ofreciendo acuerdos de pago que se ajusten a las circunstancias actuales.
La Junta de Política y Regulación Financiera será la encargada de emitir la normativa correspondiente para la aplicación de estas medidas, considerando la situación eléctrica derivada del estiaje. Este organismo también definirá la temporalidad de las disposiciones, asegurando que se adapten al contexto económico y energético del país.

Las casas comerciales que otorgan créditos también podrán implementar programas de diferimiento similares. Según el decreto, estas empresas podrán diferir las cuotas de sus clientes por un plazo de hasta 90 días, sin generar intereses moratorios ni recargos adicionales.
En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, el decreto ordena a los proveedores de internet implementar compensaciones para sus usuarios. Esto incluye ofrecer facilidades de pago en las facturas, considerando las interrupciones y limitaciones del servicio derivadas de los cortes eléctricos: “Se requerirá a los proveedores del servicio de internet en el país que implementen medidas de compensación a sus usuarios, así como facilidades de pago en las planillas de facturación”, indica el decreto. Durante los cortes de luz en Ecuador, el servicio de internet se suspende.
La crisis energética que enfrenta Ecuador ha tenido un impacto significativo en diversos sectores económicos, especialmente en aquellos que dependen de un suministro eléctrico constante. El decreto señala que las acciones gubernamentales se enmarcan en el principio constitucional de solidaridad y en los objetivos de desarrollo sustentable establecidos en la Constitución de la República. Según el artículo 283 de la Constitución, el sistema económico ecuatoriano debe garantizar la producción y reproducción de las condiciones que permitan el buen vivir.

La Presidencia ha subrayado que estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno de proteger a los ciudadanos y garantizar la estabilidad económica en tiempos de crisis: “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico”, reitera el decreto.
El Decreto Ejecutivo No. 444 entrará en vigencia de forma inmediata con su publicación en el Registro Oficial. Las instituciones de la Función Ejecutiva, según indica el documento, deberán coordinarse para garantizar su correcta aplicación, para garantizar que las medidas sean efectivas y se implementen en los sectores más afectados por la crisis energética. Según el Gobierno, estas disposiciones no solo buscan aliviar la carga financiera de los ciudadanos, sino también preservar la estabilidad y transparencia del sistema financiero en su conjunto, en un momento crítico para el país.
Actualmente, los ciudadanos deben sortear su cotidianeidad con cortes eléctricos programados de hasta 6 horas no consecutivas.
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