Las cárceles uruguayas presentan un hacinamiento crítico, con el mayor número promedio de presos de América Latina. Son cerca de 16 mil los privados de libertad en el país, de los cuales una parte menor son extranjeros. Estos representan el 2,35%, lo que equivale a 373 personas. En el país ahora presentan un plan para poder deportarlos.
El senador Luis Alberto Heber, ministro del Interior entre 2021 y 2024, presentó el viernes un proyecto de ley para sacar del país a quienes cometan delitos graves, informó este martes el diario El País. La propuesta presentada apunta a agregar un artículo a la Ley de Migraciones, aprobada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que incorpore la deportación. Lo que se busca, dice la exposición de motivos del texto, es “incorporar una figura” que ya está presente en otros países.
De los 373 presos extranjeros, 139 son brasileños (121 hombres y 18 mujeres) y 102 argentinos (93 y 90). Los privados de libertad de otras nacionalidades son bastante menos: 20 de República Dominicana, 19 de Colombia,16 chilenos, otros 16 paraguayos, 15 cubanos, 13 venezolanos, ocho bolivianos, cuatro españoles, cuatro peruanos, tres estadounidenses, dos italianos y dos montenegrinos. Hay un solo preso de cada uno de los siguientes países: Bulgaria, Ecuador, Filipinas, Francia, Guatemala, Holanda, Marruecos, México, Nigeria y Polonia.
La propuesta de Heber afecta a cualquier persona extranjera mayor de edad, sin importar cuál sea su situación migratoria. Cuando se la deporta, la persona no podría volver a ingresar a Uruguay hasta que no haya cumplido su condena.
La deportación “actuaría como un mecanismo de expulsión casi inmediata tras una sentencia de condena por parte de la Justicia, de personas extranjeras mayores de edad y delimitada a determinados delitos internacionales graves o gravísimos, hacia el país del cual es nacional el condenado”, dice la exposición de motivos del proyecto de ley, consignada por el diario uruguayo.
La propuesta del ex ministro también contempla que las personas que ya están en prisión y son extranjeras pueden ser deportadas, para que cumplan la condena en su país de origen. De lo contrario, serán deportadas “una vez que cumplan la pena” en Uruguay, siempre que se apruebe la normativa.
“Se destinan millonarios recursos del Estado en mantener delincuentes extranjeros que bien podrían utilizarse en mejorar las condiciones de las cárceles, rehabilitación, salud, etc. La mayoría (de estos delincuentes fueron) condenados por delitos vinculados a rapiñas, narcotráfico, trata y tráfico de personas, delitos sexuales, homicidio, estafa y tráfico de armas de fuego”, agrega Heber al presentar sus argumentos.
Si se aprueba el proyecto, la normativa uruguaya sería ajustada al principio de reciprocidad internacional. La exposición de motivos cuestiona que los extranjeros en las cárceles actualmente tienen que ser “mantenidos por toda la sociedad uruguaya con sus impuestos”, señala.
La población carcelaria en Uruguay no para de crecer desde hace años. De los cerca de 16.000 presos, el 40% tiene penas menores a dos años. Estas cifras hacen que Uruguay esté ubicado en el primer lugar de América del Sur en presos por habitante y entre los primeros 10 del mundo.
“Las muy malas condiciones carcelarias de hoy son la fuente de muchos de los delitos del mañana. No habrá seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario técnico, rehabilitador y con recursos”, dice un informe elaborado por el titular de la oficina del Comisionado Parlamentario para las Cárceles, Juan Miguel Petit.
El hacinamiento empeoró dos puntos con respecto al 2022 y alcanzó el 120%. La densidad se “ha amortiguado” en breves períodos de tiempo con la construcción de nuevas cárceles, pero ha aumentado desde el 2018 y, al menos desde 2020, supera “ampliamente la capacidad de alojamiento”. La oficina cuestiona “la lógica de responder al aumento” en la cantidad de presos con la construcción de más cupos de “dudosa viabilidad”.
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