Diversas protestas en contra del Gobierno anticipan una semana de conflictos en Bolivia. Según ha manifestado el ex presidente Evo Morales, el 17 de septiembre iniciará una marcha desde la localidad de Caracollo hasta la ciudad de La Paz con el fin de que el Gobierno atienda las demandas de un pliego petitorio que incluye, entre otras cosas, aumentar la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del ala evista del partido de Gobierno, en el que se renovó el liderazgo de Evo Morales como dirigente máximo.
La marcha, que durará aproximadamente seis días, fue definida en un ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) el pasado 3 de septiembre en el que también se dispuso el bloqueo de caminos a partir del mes de octubre si no se atienden las demandas.
Por otro lado, organizaciones indígenas del altiplano encabezadas por una facción de los Ponchos Rojos anunciaron un cerco en la sede de Gobierno para exigir “la renuncia del Presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca, así como el adelanto de las elecciones generales”, según publica el periódico La Patria.
Las medidas de presión en La Paz coinciden con el traslado del Gobierno a la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de comandar desde ahí los operativos contra los incendios. Según informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, el presidente, vicepresidente y los 17 ministros que integran el gabinete gobiernan desde la capital cruceña desde el jueves.
A estas movilizaciones se suman otras en varias ciudades del país motivadas por la crisis económica y ambiental que enfrenta Bolivia, ésta última debido a los incendios en el oriente del país que han consumido cuatro millones de hectáreas y que han dejado al país cubierto de humo y contaminación. En la semana que termina se registraron varias movilizaciones de ambientalistas, una de las cuales terminó con gasificación policial en La Paz.
Del otro lado, seguidores del Gobierno de Luis Arce encabezados por la Central Obrera Boliviana instalaron una vigilia en la Plaza Murillo para exigir la aprobación de créditos internacionales en la Asamblea Legislativa, una demanda del Órgano Ejecutivo para paliar la crisis económica marcada principalmente por la falta de dólares. De igual manera, los manifestantes piden la aprobación de “leyes sociales”, vinculadas a la ley de pensiones y a los derechos laborales.
La vigilia, instalada con carpas en la entrada de la Asamblea Legislativa es indefinida y no se descartan otras medidas de presión. El lunes pasado, el dirigente sindical Juan Carlos Huarachi advirtió incluso con tomar físicamente la Asamblea Legislativa para forzar la aprobación de los préstamos.
Una crisis “multidimensional”
En una entrevista con Infobae, el analista político Carlos Saavedra define el escenario político actual del país como una “crisis multidimensional” atravesada por la polarización y la electoralización de la política.
La crisis multidimensional a la que se refiere el analista consultado por Infobae está compuesta por tres elementos: la crisis económica, que moviliza actores importantes como los gremiales y transportistas; la crisis política, marcada por la división interna del MAS; y la crisis institucional, que tiene larga data y está relacionada a la falta de credibilidad en las instituciones del Estado.
A ese contexto se suma el descontento social por los incendios, ante lo cual el Gobierno ha determinado tomar acciones visibles para contener un frente más de conflicto que “se le estaba yendo de las manos”.
En ese escenario, Saavedra sostiene que el Gobierno está “atajando penales” y tratando de neutralizar uno a uno los conflictos que se presentan como estrategia para que la próxima semana la marcha anunciada por Evo Morales no se sobreponga a otras manifestaciones. “Lo peor que puede pasar es que se junten las protestas, ahí se le genera al Gobierno un escenario más complejo”, manifestó.
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