El Gobierno de Bolivia difundió este jueves los resultados del censo nacional realizado el pasado 23 de marzo, que no tardaron en suscitar críticas y cuestionamientos en el bando opositor.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el país tiene 11.312.620 habitantes, lo que refleja un aumento de la población del 12,45% respecto al último empadronamiento, de 2012, que contabilizó 10.059.856 personas.
De ellos, 3.115.386 eligen la región de Santa Cruz para vivir, convirtiéndola así en la más poblada y con mayores perspectivas de crecimiento. Inclusive, el sondeo de 2012 demostró tan solo 2.657.762 vecinos en la zona, lo que refleja un aumento del 27,5 por ciento en estos años.
En segundo lugar se ubicó el departamento de La Paz, donde se contabilizaron 3.022.566 habitantes, un 26,7% más que los 2.719.344 de hace poco más de una década. Asimismo, se informó que en la ciudad de La Paz, sede del Gobierno y el Poder Legislativo, hay 755.732 residentes, mientras que en la vecina El Alto, hay 885.035.
El departamento de Cochabamba figura tercero en la lista de densidad de población, con 2.005.373 habitantes y un crecimiento del 17,7%, seguido de Potosí, Chuquisaca y Oruro, entre otros.
Estas cifras expusieron el mayor crecimiento del área metropolitana en el país, lo que significa que hay más habitantes en las ciudades que en las zonas rurales.
La exactitud de estos datos es clave ya que, con base en ellos, las autoridades definirán la asignación de recursos públicos y escaños en el Parlamento nacional, lo que podría acabar beneficiando a uno u otro partido en la toma de decisiones.
Es por ello que, con base en las polémicas surgidas en 2022, el presidente Luis Arce remarcó en las últimas horas que se trató de un “censo altamente técnico (...) el más moderno, participativo y transparente en la historia de Bolivia (...) avalado por todos los organismos internacionales y con sólido respaldo”.
“Como hemos acordado justamente en 2022, (...) se han cursado las notas por parte del Instituto Nacional de Estadística al Viceministerio de Autonomías, al Tribunal Supremo Electoral, como corresponde, para que cada uno de ellos pueda procesar la información para tener, por una parte, los datos de la coparticipación tributaria”, agregó en rueda de prensa.
Sin embargo, la polémica por esta información no tardó en surgir, con dirigentes de la oposición rechazando el proceso y planteando sus dudas al respecto.
“La forma irresponsable y poco seria con la que el Gobierno presentó datos genéricos, sin respaldo, dispersos y poco consistentes de los insólitos resultados del Censo Nacional, ha generado indignación y dudas justificadas sobre su transparencia y corrección”, declaró el ex presidente Carlos Mesa y sumó que, una vez más, Arce “genera tensión entre regiones por su poca eficacia y dudosa actuación”.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien sigue bajo arresto, denunció que el Gobierno cometió un “fraude” dado que la cifra nacional de habitantes es inferior en un millón de personas respecto a un cálculo preliminar realizado previamente por el INE. A la par, también expuso una “manipulación grosera de las cifras del censo” en su región, donde los 3.115.386 habitantes no coinciden con la estimación de 4.000.143 personas del Instituto Cruceño de Estadísticas.
A raíz de ello, el político disidente adelantó que pedirá una “auditoría internacional” de los resultados, que cuente con la participación de instituciones defensoras de los Derechos Humanos. “Cuando un gobierno excluye de su censo a miles y miles de ciudadanos, viola sus derechos”, sentenció.
En tanto, la senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos cuestionó que entre 2002 y 2012 Bolivia creciera en 1.639.903 personas pero, de 2012 a 2024, sólo lo hiciera en 922.717. “¿Cómo se explica esta drástica reducción en el crecimiento poblacional. Los números no cuadran y merecen una explicación transparente”, señaló.
(Con información de EFE)
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