
El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia presentará este viernes datos preliminares del Censo de Población y Vivienda que se realizó el 23 de marzo pasado. El jueves hará una presentación previa a las autoridades regionales en un encuentro previsto con el presidente Luis Arce en la Casa Grande del Pueblo.
En esta primera entrega se conocerán los resultados de población en el ámbito municipal, lo que servirá de base para establecer la redistribución de escaños legislativos y de recursos económicos de coparticipación tributaria. En abril de 2025 se conocerán los resultados de toda la información recopilada.
El tema es sensible en algunas regiones del país, especialmente en Santa Cruz de la Sierra, donde se supone que hubo el mayor incremento poblacional y a la que le correspondería una mayor representatividad política en la Asamblea Legislativa y más recursos. En otros departamentos, como Potosí o Chuquisaca, la expectativa es la opuesta por la migración que hubo en los últimos años hacia ciudades más grandes.
“Yo tengo mucho temor de que se está hablando de que Santa Cruz va a tener entre 3.600.000 y 3.700.000 habitantes”, manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, Zvonko Matkovic en conferencia de prensa y pidió al presidente del INE, Humberto Arandia, tener “la valentía de venir aquí (Santa Cruz) y explicar el trabajo que se ha hecho.”

El recelo de Matkovic surge luego de haber escuchado “información de personas allegadas al Gobierno” sobre las cantidad de habitantes, que no coincidirían con las de una “Encuesta de Estimación Poblacional” realizada por la gobernación cruceña en agosto de 2023. Según ese cálculo, en el departamento de Santa Cruz habrían 4 millones de habitantes.
La estimación realizada por el Instituto Cruceño de Estadística es simbólica y no tiene más que fines referenciales, pues que el conteo de población es una competencia privativa del Estado nacional y en base a esos datos se ordena la representación legislativa, la distribución de recursos y se planifican las políticas públicas.
El presidente del Comité Cívico, Fernando Larach, también hizo pública su desconfianza en los datos que vaya a presentar el INE e informó que se conformará un gabinete independiente para calcular la asignación de escaños, de manera paralela al trabajo que realice el Órgano Electoral, que es el organismo al cual la Constitución Política del Estado le asigna esta tarea.

El director del INE, Humberto Arandia, no ha hecho comentarios sobre estas declaraciones y se ha limitado a informar que los datos serán entregados en los plazos previstos.
El largo camino hacia el Censo
El conteo poblacional tenía que realizarse inicialmente el 16 de noviembre de 2022 pero tuvo una serie de retrasos y pocas señales de transparencia: en apariciones públicas, los funcionarios del INE se limitaban a decir que el censo “estaba garantizado” pero no se atendían las solicitudes informativas de la oposición ni de los medios de comunicación.
Cuando restaban cuatro meses para la realización del censo, el INE y las autoridades regionales de todo el país excepto de Santa Cruz, decidieron posponerlo hasta “mayo o junio de 2024″, alegando varias razones, entre ellas que se necesitaba más tiempo para socializar la boleta y hacer la actualización cartográfica.
A partir de entonces surgieron demandas en Santa Cruz para adelantar la fecha con el objetivo de lograr la reasignación de escaños parlamentarios y recursos antes de las elecciones nacionales de 2025. Bajo la consigna “Censo 2023 sí o sí”, el Comité Cívico de Santa Cruz logró movilizar a una gran cantidad de personas en cabildos y organizar, a través de bloqueos ciudadanos, un paro que duró 36 días.

La manifestación que paralizó a la ciudad más grande de Bolivia empezó el 22 de octubre de 2022 y se desarrolló por más de un mes en medio de intentos de diálogo que fracasaban, enfrentamientos en algunas zonas y bloqueos de ambas partes: los que quería censo bloqueaban la ciudad y los simpatizantes del Gobierno las carreteras.
Finalmente el 26 de noviembre de 2022, después de 36 días y con el saldo de al menos dos fallecidos por causas relacionadas al conflicto y decenas de heridos, se levantó el paro.
Los líderes cruceños aceptaron que el censo se realice el 23 de marzo de 2024, con el compromiso de que los datos de población fueran entregados con el tiempo suficiente para redistribuir los escaños para las elecciones de 2025.
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