Mayra Salazar, la relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas que sobornaba a jueces para favorecer al narco Leandro Norero, se declaró culpable del delito de delincuencia organizada, esto como parte del caso Metástasis que investiga a 52 procesados –nueve admitieron su participación y han sido condenados– que utilizaban la corrupción judicial para obtener beneficios legales para Norero y sus socios.
La mujer fue sentenciada a 15 meses de prisión, al pago de una multa de USD 5.520, de una reparación de USD 11.040 y a devolver los USD 6.300 que recibió de la mafia. También deberá disculparse públicamente por el delito cometido. Desde el 15 de diciembre, Salazar cumple prisión preventiva. Estos casi 7 meses y medio de detención cuentan en su condena por lo que será liberada en marzo de 2025, es decir, en ocho meses.
La audiencia de procedimiento abreviado sucedió la tardes del miércoles en la Corte Nacional de Justicia. La sala del octavo piso del tribunal estaba ocupada por las partes procesales y por más de una veintena de periodistas que esperaban la llegada de Salazar. En los exteriores de la Corte dos tanquetas militares resguardaban el edificio.
Aunque el rostro de Salazar ha sido ampliamente difundido, el juez ordenó a la prensa abstenerse de fotografiarla. Esta disposición se justificó en que Salazar es una testigo protegido de la Fiscalía General. Para cerciorarse de que se cumpla la disposición, los periodistas fueron trasladados a una sala y solo pudieron ingresar a la audiencia cuando Salazar ya estaba sentada en una de las mesas al costado de un juez. Desde entonces hubo un estricto control para que nadie la fotografiara.
Salazar llegó a la sala vistiendo un buzo naranja de reclusorio, unas leggings negras y zapatos deportivos blancos. Llevaba un chaleco antibalas y un tapabocas negro. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo y, a diferencia del día en que dio su testimonio, esta vez no llevaba casco.
La fiscal general Diana Salazar atendió la audiencia de forma telemática y señaló que la procesada actuaba como ooerador de la estructura de Norero al identificar a jueces, sobornarlos y así “comprar impunidad”. Ella –como otros de los procesados– debía armar escenarios idóneos para beneficiar a la estructura. Aunque la Fiscalía pidió en un primer momento 40 meses de prisión, luego la fiscal general pidió al juez que “valorara la cooperación eficaz” que había proporcionado Mayra Salazar al caso. Tras una sesión reservada de casi una hora. La sentencia se redujo a 15 meses de reclusión para Salazar.
La fiscal Salazar fue enfática en indicar que Mayra Salazar, al admitir su participación en el caso, también ha confirmado la veracidad de las conversaciones que mantuvo con Norero y otros personajes, que son públicas en la web de la Fiscalía y que forman parte del expediente del caso. En esas conversaciones, Mayra Salazar, por ejemplo, menciona a la alcaldesa de Simón Bolívar, la correísta María Fernanda Vargas, para quien trabajó durante la campaña y quien habría movido armas para Norero.
En el día de su detención, a Mayra Salazar le confiscaron sus dispositivos móviles, incluido su teléfono. Las conversaciones allí contenidas fueron clave para iniciar el caso Purga, otra investigación que reveló los nexos entre la corrupción judicial, el narco y la política ecuatoriana.
Mayra Salazar fue la novena condenada del caso que sacudió a la justicia ecuatoriana. De los 52 procesados, diez optaron por declararse culpables. Los 42 restantes irán a juicio. También han recibido condenas los ex jueces Ángel Lindao y Emerson Curipallo, los ex policías Gabriel García, Lenín Mazón (todos a 3 años y cuatro meses de cárcel) y Héctor Paredes (2 años y 6 meses de prisión); el abogado Helive Ángulo, Álex Palacios, ex asesor del presidente de la Judicatura (ambos a un 1 año y 3 meses de prisión) y el ex secretario judicial de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Sánchez (3 años y 4 meses de reclusión).
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