El Supremo Tribunal Federal de Brasil votó por unanimidad el lunes que las fuerzas armadas no tienen poder constitucional para intervenir en disputas entre poderes del gobierno, una decisión en gran medida simbólica destinada a reforzar la democracia después de años de creciente amenaza de intervención militar.
La decisión del tribunal se produjo en respuesta a un argumento que el ex presidente de derecha Jair Bolsonaro y sus aliados desplegaron en los últimos años. Ellos han afirmado que el Artículo 142 de la Constitución de Brasil otorga a los militares el llamado “poder moderador” entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Bolsonaro presentó esta interpretación en una reunión de abril de 2020 con sus ministros, diciéndoles que cualquiera de los tres poderes puede solicitar a las fuerzas armadas que tomen medidas para restablecer el orden en Brasil. En los años posteriores, los carteles que invocaban el Artículo 142 se convirtieron en un elemento habitual en las manifestaciones que pedían la toma del poder militar y culminaron en un levantamiento de los partidarios de Bolsonaro que buscaban convocar a los militares para expulsar a su sucesor del poder.
Los 11 jueces —incluidos los dos nombrados por Bolsonaro— rechazaron esa tesis.
Si bien la Constitución faculta a los militares para proteger a la nación de amenazas y garantizar poderes constitucionales, “eso no concuerda con ninguna interpretación que permita el uso de las fuerzas armadas para la defensa de un poder contra el otro”, escribió en su voto el relator del caso, el juez Luiz Fux.
La vaga redacción del Artículo 142 había creado espacio para cierta interpretación, aunque la propugnada por la ultraderecha de Brasil era “absolutamente loca”, señaló João Gabriel Pontes, abogado constitucionalista en el despacho Daniel Sarmento e Ademar Borges, en Río de Janeiro.
“Este no es un fallo del Supremo Tribunal que salvaguardará la democracia brasileña de nuevos ataques”, dijo Pontes por teléfono. “Sin embargo, envía un mensaje importante a la sociedad de que una intervención militar no tiene base constitucional”.
La Constitución data de 1988, tres años después que el país terminara con una dictadura militar de 21 años.
La elección de Bolsonaro en 2018 marcó en cierto sentido el regreso de las fuerzas armadas al poder. El ex capitán del Ejército que abiertamente sentía nostalgia por la era de la dictadura nombró a oficiales de alto rango para su gabinete y a miles de miembros del servicio activo y reservistas para puestos civiles a lo largo de su administración.
Para su candidatura a la reelección de 2022, eligió a un general como compañero de fórmula y encargó a los militares que auditaran las máquinas de votación electrónica cuya fiabilidad puso en duda, sin proporcionar nunca pruebas. Tras su derrota ante su rival izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, sus partidarios acamparon frente a los cuarteles durante meses para exigir una intervención militar.
Bolsonaro nunca reconoció la derrota ni les pidió que se desmovilizaran, y el 8 de enero de 2023 irrumpieron en la capital, Brasilia, invadiendo y destrozando la sede del máximo tribunal, el Congreso y el palacio presidencial.
Posteriormente, la Policía Federal confiscó el teléfono celular del asistente personal de Bolsonaro y encontró conversaciones entre asesores cercanos y oficiales militares que debatían si las condiciones y la Constitución permitían una intervención militar. La incautación fue parte de una investigación sobre si el ex presidente y sus principales asesores incitaron al levantamiento para restaurarlo en el poder. Bolsonaro ha negado cualquier implicación.
(Con información de AP)
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