La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó este miércoles la retirada de la inmunidad de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el marco de una investigación en contra del organismo por la compra fraudulenta de un programa informático.
La Corte rechazó así una solicitud de amparo presentada por un grupo de ciudadanos que cuestionaron la votación en el Congreso y argumentó que al no estar afectados por el caso tienen “falta de legitimación activa”.
El Congreso aprobó con 108 votos a favor retirar la inmunidad a los magistrados Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, además de a la ex presidenta del TSE Irma Palencia, quien fue sustituida posteriormente por Blanca Alfaro.
La votación se produjo después de que una comisión creada por el Congreso recomendara retirar la inmunidad a los mencionados anteriormente por presuntas irregularidades en la compra de un programa informático para transmitir los resultados electorales de los últimos comicios.
La Fiscalía argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) pese a que había otra oferta menor “que hubiera permitido ahorrar 34 millones” (4,1 millones de euros).
Las tensiones entre la Fiscalía y el TSE se retrotraen a cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, trató de cancelar por supuestas anomalías en su inscripción la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, ganador en las últimas elecciones de la mano de Bernardo Arévalo, que tiene previsto tomar juramento el próximo 14 de enero.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación de la ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien se encuentra encarcelada desde 2022 por un supuesto delito administrativo, pese a la solicitud de diversas organizaciones locales y extranjeras que exigían su libertad.
La decisión de liberar a Laparra estuvo a cargo de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, según confirmaron este martes fuentes del mismo Organismo Judicial guatemalteco.
El dictamen obedece a que Laparra ya cumplió casi la mitad de su condena por el supuesto delito de abuso de autoridad, por el cual fue sentenciada en 2022 a cuatro años de prisión conmutables a cambio de una multa.
La abogada deberá recuperar su libertad en un plazo de cinco días, de acuerdo con la resolución judicial.
Laparra fue arrestada el 23 de febrero de 2022 bajo acusaciones del ex juez y actual titular de la oficina contra la Tortura en Guatemala Lesther Castellanos, por un supuesto delito administrativo en 2018.
La abogada es catalogada por diversos expertos y analistas como una “presa política”, encarcelada en represalia por su labor como fiscal anticorrupción, al igual que la detención del periodista José Rubén Zamora, también tras las rejas desde 2022 después de criticar al Gobierno que preside Alejandro Giammattei.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha exigido la liberación de Laparra en reiteradas ocasiones, considerando que los procesos en su contra contienen graves anomalías.
Laparra y Zamora pasaron tras las rejas su segunda Navidad, después de que ambos fueran detenidos en 2022.
Desde 2019, al menos 50 personas entre periodistas, jueces y fiscales han salido exiliados de Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra por parte del Ministerio Público (Fiscalía), entidad señalada de querer revertir los resultados electorales de este año.
(Con información de Europa Press y EFE)
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