(Desde Montevideo, Uruguay) - La ley de 2012 que despenalizó el aborto en Uruguay incluyó un artículo que le permite a los ginecólogos y los funcionarios de la salud declarar la objeción de conciencia, si están en contra ideológicamente de encarar ese procedimiento. A más de 10 años de aprobada la normativa, esa opción es elegida en dos de cada 10 policlínicas por la mayoría de sus ginecólogos, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y es considerado un “obstáculo” por organizaciones feministas.
La organización Mujer y Salud Uruguay accedió a los datos a través de un pedido de acceso a la información pública, informado por El Observador. En el 21% de los centros de salud, la mayoría de los ginecólogos (más de la mitad) presentó objeción de conciencia por la que se niega a practicar abortos legales.
La directora de esa organización, Lilián Abracinskas, consideró que la “objeción de conciencia de los médicos termina siendo un obstáculo y una barrera para los derechos consagrados por ley”, según declaró al medio uruguayo.
En 2016, la Comisión de Expertas para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer pidió que se incorporen criterios más estrictos para justificar la objeción de conciencia de parte de los ginecólogos. Un año después, en tanto, el Comité de Derechos Sociales le recomendó al Estado que “se asegure que el ejercicio de la objeción de conciencia no sea un obstáculo”.
En un momento, la nómina de los ginecólogos que se negaban a practicar abortos era pública, pero luego una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la declaró confidencial. Antes de esta decisión, se había hecho público que un médico de Paysandú declaraba la objeción de conciencia en el sanatorio público en el que trabajaba, pero no en el privado. “¿Cómo es posible que la conciencia de una misma persona cambie según el centro de salud en el que trabaje?”, cuestionó Abracinskas.
En 10 años, se practicaron 10 abortos cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años, lo que ubica a Uruguay con la tasa de América Latina y el Caribe donde solo cuatro países tienen una legislación similar. Estos números son similares a los que se registran en Europa.
En el período 2013-2022, los servicios de interrupción de embarazo de los prestadores de salud de Uruguay estuvieron en contacto con 101.671 mujeres embarazadas. Una minoría de ese total (6%) decidió continuar con el embarazo tras las primeras consultas a los profesionales. El restante 94% pasó a la tercera etapa del proceso, en la que inician las consultas con el ginecólogo luego de transcurrido el período de reflexión legal.
En 2022, fueron 10.505 los abortos practicados en Uruguay, unos 400 más que las cifras de 2021.
Abracinskas sostuvo que hay un vacío que ocurre cuando por la objeción de conciencia una paciente es derivada a otro centro de salud. La norma no deja claro quién se tiene que encargar de pagar los gastos de los traslados y la medicación que la embarazada necesita tomar.
La Red de Acompañamiento Feminista en Aborto Lila recibe decenas de llamadas de mujeres a las que no se les da la suficiente información sobre la interrupción del embarazo. Sucede con muchas inmigrantes que recientemente llegaron al país o con adolescentes a las que el ginecólogo se les negó a practicar el aborto y quedan a la deriva.
El presidente del prestador de salud público de Uruguay (la Administración de los Servicios de Salud del Estado – ASSE–), Leonardo Cipriani, está en contra de la despenalización del aborto. Antes de asumir como jerarca público, trabajaba en el sanatorio privado Círculo Católico impulsó que la institución tuviera objeción de conciencia como centro y que no lo decidiera cada ginecólogo.
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