Por unanimidad, el Senado de Uruguay votó este miércoles la remoción del ex legislador por el oficialista Partido Nacional Gustavo Penadés, imputado por la Justicia por la comisión de 22 delitos de explotación sexual a menores de edad.
La votación por 29 votos en 29, se dio luego de que este martes la Justicia imputara a Penadés, en calidad de autor y en reiteración real, por múltiples delitos sexuales, en su mayoría de retribución a la explotación sexual de menores de edad.
Si bien el ahora ex senador renunció en junio a “todas las responsabilidades” que tenía como dirigente del oficialista Partido Nacional (PN) y despojado de sus fueros parlamentarios, aún formaba parte del cuerpo -cuyas bancas son a título personal-.
Luego de que el opositor Frente Amplio (FA) presentara una moción para la remoción de Penadés, las bancadas de todos los partidos políticos con representación llegaron a un acuerdo conjunto de aplicar la Constitución para removerlo anunciado antes de someter la cuestión a votación.
“Los coordinadores de todos los partidos políticos realizamos una reunión con un objeto de común acuerdo, proponer la aplicación del artículo 115 de la Constitución de la República, que lo llevamos a su máximo extremo de remoción del hasta hoy senador suspendido Gustavo Penadés”, indicó la coordinadora de bancada del PN, Graciela Bianchi.
Según explicó Bianchi a la prensa, la moción se basó en el motivo que explican “las últimas palabras” del artículo constitucional, que refiere a la explusión “por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo”.
Para fundamentar sus votos, los senadores emitieron discursos en los que expresaron su condena a los delitos por los cuales fue imputado Penadés.
En concreto, el senador por el FA José Carlos Mahía señaló que “hubo abuso de menores, violación y toda una serie de delitos gravísimos como no tiene precedente el Senado de la República” y llamó a “reflexionar” sobre lo importante de la separación de poderes y “que no se utilicen poderes del Estado para defender a nadie”.
Bianchi dijo que se trata de una situación que “impacta a todos” por “hechos deleznables y execrables” y acotó que si bien el ex senador “tiene todavía la presunción de inocencia hasta la condena” el Senado no necesitaba esperar la resolución judicial para actuar.
La vicepresidenta, Beatriz Argimón, en tanto, bajó del estrado de la presidencia del Senado para emitir una fundamentación desde su bancada en la que remarcó la importancia de la “señal” que el Senado dio al país de que “nadie es más que nadie”.
Argimón dijo que “no es fácil pasar el peligro que una víctima tiene que pasar recordando las aberraciones de las cuales fue víctima” y aún así animarse a denunciar.
“Están todas las garantías de la institucionalidad de este país para hacer la denuncia y que se le crea, por eso esto no tiene que ver solamente con la decisión que estamos tomando con dignidad desde el Senado, tiene que ver con un mensaje a la sociedad uruguaya toda”, concluyó.
(Con información de EFE)
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