El informe Ecuador en vilo, publicado por el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), analiza la situación de los periodistas y la libertad de prensa en el país. Para la organización internacional el discurso del ex presidente Rafael Correa, que persiguió y estigmatizó a los medios críticos, causó un daño duradero al periodismo. Además advierte que el partido afín al ex mandatario “busca aumentar su poder en las próximas elecciones de agosto”.
Durante los diez años que gobernó Rafael Correa, el ex presidente solía insultar, menoscabar e incluso romper periódicos durante sus enlaces ciudadanos, conocidos como sabatinas. Inclusive contaba con un segmento donde una voz calificaba como “mentira comprobada” a las publicaciones de los periodistas. Además, instauró procesos judiciales en contra de medios de comunicación críticos y articulistas opositores. La expresión “prensa corrupta” surgió y se instaló con fuerza durante el correísmo.
Luego del 2017, las expresiones en contra de los periodistas han continuado por parte del ex presidente, quien desde sus redes sociales continúa con el discurso estigmatizante.
El informe del CPJ también indica que un clima de violencia, miedo e intimidación en el país ha fomentado una cultura de autocensura. A esto se suma que todavía los medios privados se ven afectados por las ramificaciones financieras de la pandemia del COVID-19 y que los periodistas están en peligro por las crecientes tasas de delincuencia organizada: “En Ecuador, la agitación política y una crisis de seguridad cada vez más profunda están poniendo en riesgo a los periodistas y a la libertad de prensa”, se lee.
Entre los principales casos que menciona el CPJ está el autoexilio obligado por parte de dos periodistas. Los dos comunicadores sufrieron amenazas de muerte que les obligaron a dejar Ecuador en menos de un mes. A esto se suman los explosivos enviados por correo a varios medios de comunicación; los reporteros forzados a ser acompañados por fuerzas de seguridad para cubrir áreas violentas; y las comunidades enteras convertidas en llamadas “zonas de silencio”, donde la prensa es intimidada.
Los periodistas y activistas ecuatorianos sospechan y “temen que se esté gestando una “tormenta perfecta” que ponga en peligro la libertad de prensa en esta nación sudamericana”. El CPJ cita a Fundamedios, que registra los atentados en contra de la libertad de prensa. Según la organización en el 2022 se registraron 356 ataques a medios y periodistas. Esta fue la cifra más alta registrada desde 2018, en un entorno cada vez más hostil. Además, entre enero y abril de 2023, la organización informó sobre un total de 96 ataques.
Además, el Comité estableció una lista de recomendaciones para el gobierno de Ecuador, para las autoridades judiciales y para la comunidad internacional.
Según el CPJ, el poder ejecutivo debería emitir el reglamento para la Ley de Comunicación que fue reformada en noviembre de 2022, también debería brindar los recursos financieros que el mecanismo de protección a los periodistas necesita. Asimismo, se pide que el gobierno conceda los recursos económicos adecuados para la Fiscalía General del Estado para que el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
“El gobierno del presidente Guillermo Lasso debería asegurar que todos los periodistas y medios de comunicación ecuatorianos puedan informar sin temor a represalias, especialmente en las semanas previas a las elecciones programadas para el 20 de agosto”, se lee en el informe.
Entre las sugerencias a las autoridades judiciales y administrativas está que deberían garantizar que los ataques y amenazas contra la prensa sean investigados a fondo y que los responsables sean llevados ante la justicia. A eso se suma que garanticen el regreso seguro de los periodistas que se vieron obligados a huir debido a amenazas de muerte.
El CPJ también pide que la grave crisis de libertad de prensa que afecta a Ecuador sea priorizada en el debate y recibir el apoyo correspondiente de la UNESCO, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea. Asimismo sugieren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que realicen una visita de investigación a Ecuador.
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