Un comunicado firmado por 20 organizaciones a favor de la libertad de prensa en Ecuador y Latinoamérica han rechazado “las graves violaciones a la libertad de expresión y prensa” en el país. En el lapso de un mes, dos periodistas ecuatorianos abandonaron la nación para proteger su vida luego de recibir amenazas de muerte.
En los cuatro primeros meses de 2023, las agresiones en contra de los comunicadores se duplicaron en comparación con el mismo periodo del año pasado. Mientras Fundamedios registró 90 alertas, la Fundación Periodistas Sin Cadenas contabilizó 92. Dentro de estos casos están ocho atentados en contra de periodistas.
Con este pronunciamiento Fundamedios, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, la Red Voces del Sur, Red Leal, IFEX-ALC, el Observatorio Mexicano de Medios, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, en Alta Voz de Nicaragua, FLED, el Instituto de Prensa y Sociedad, Article 19, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Abraji de Brasil, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, el Comité por la Libre Expresión, la Asociación de Periodistas de El Salvador, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Fundación LED de Argentina y Nuestras Historias de Honduras; mostraron su preocupación ante la falta de garantías para el ejercicio periodístico en Ecuador.
Según las organizaciones firmantes, “la desprotección estatal ha generado un ambiente hostil donde el crimen organizado y la delincuencia apuntan directamente al periodismo ecuatoriano”. En la carta mencionan la salida del país de la periodista Karol Noroña de GK, quien cubría la crisis carcelaria y temas de seguridad. También se cita a otro periodista que, luego de haber recibido graves amenazas desde hace ocho meses, dejó esta semana el país. La identidad del colega se mantiene en reserva.
“Estos son ejemplos de que el Estado no ha sido eficiente en proteger y garantizar un ejercicio periodístico libre y seguro”, aseguran las organizaciones.
Hace una semana una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) visitó Ecuador para constatar el deterioro de la situación de la prensa. La misión del CPJ expuso ante las autoridades que la inseguridad que vive el país tiene un especial impacto en el trabajo periodístico. Carlos Martínez, director de Programas Globales del CPJ y Carlos Lauría, consultor Senior para las Americas de la misma organización se reunieron con autoridades, periodistas y defensores de los Derechos Humanos.
Los funcionarios que se reunieron con los miembros del CPJ se comprometieron a asignar recursos para que el Mecanismo de Protección a Víctimas y Testigos funcione. También la Fiscalía General del Estado aseguró que pedirá el apoyo de la sociedad civil para que sean alertados de las denuncias de periodistas que se sienten amenazados.
A pesar de esos ofrecimientos, las organizaciones consideran que “el discurso sigue siendo corto frente al debilitamiento de un periodismo seguro. Hay que considerar que esta situación tiene enormes consecuencias para los derechos de los ciudadanos a dar y recibir información y conlleva el debilitamiento de las instituciones democráticas”.
El 20 de marzo, dispositivos USB con cápsulas explosivas fueron enviados a cinco periodistas ecuatorianos. Solo cuatro paquetes se entregaron y solo uno de ellos estalló sin dejar daños graves. Cuatro días después, la periodista Noroña dejó el país.
Según reportó la CPJ, Noroña se reunió con una fuente que le advirtió que el líder de un grupo dedicado al tráfico de drogas había amenazado con matar a la periodista debido a sus reportajes sobre el crimen organizado y la violencia en las cárceles ecuatorianas.
El segundo colega que salió de Ecuador, de acuerdo a la Fundación Periodistas Sin Cadenas, recibió reiteradas amenazas que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Comunicación, del Ministerio del Interior y de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, desde hace ocho meses.
A pesar de alertar a las autoridades, “ninguna de esas instituciones ni sus distintas autoridades han atendido su caso en todo este tiempo con la relevancia que merece. Como consecuencia, debemos lamentar su salida permanente del país”, indicó la fundación.
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