La Corte Suprema de Brasil dio un plazo de diez días para que la Policía Federal (PF) presente un informe parcial sobre la investigación en curso de los actos vandálicos perpetrados el pasado 8 de enero contra las sedes de los tres poderes públicos.
En un oficio enviado al nuevo director general de la Policía, Andrei Passos, el magistrado instructor del caso, Alexandre de Moraes, pidió la presentación de “pruebas recogidas”.
En la misiva, el magistrado indicó que esas pruebas pueden “identificar” a los agentes que pudieron “incurrir en delitos” durante la recolección de las mismas.
El 8 de enero, miles de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro, que no aceptan la derrota en las urnas del pasado 30 de octubre en la segunda vuelta electoral, invadieron y depredaron el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial de Planalto.
Los bolsonaristas radicales llevaban más de dos meses acampados en las puertas de los cuarteles del Ejército pidiendo una intervención militar para derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que obtuvo 50,9% de votos válidos frente al 49,1% de Bolsonaro.
Por los actos antidemocráticos fueron detenidas más de 1.800 personas, de las cuales unas 600 fueron liberadas por tratarse de ancianos, personas con problemas de salud y madres acompañadas de hijos menores, pero pueden ser llamados para responder por el proceso.
De Moraes atendió así una solicitud de la Procuraduría General de la República que pedía investigar a varios agentes públicos.
Entre los investigados están el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, que fue separado del cargo durante noventa días, y su entonces secretario de Seguridad, Anderson Torres, último ministro de Justicia de Bolsonaro.
De Moraes ordenó la destitución provisional de Rocha y la prisión de Torres, que estaba en Estados Unidos y retornó al país el sábado para entregarse ante las autoridades.
El ex mandatario, quien se encuentra en Estados Unidos, también fue incluido en las investigaciones del proceso por su presunta participación como autor intelectual de la intentona golpista.
El pasado 10 de enero, un fiscal solicitó al Tribunal de Cuentas de Brasil el bloqueo de bienes del ex presidente Jair Bolsonaro, según fuentes oficiales.
Algunos parlamentarios brasileños ya han pedido a la Justicia que actúe para obligar a Bolsonaro a regresar al país con la idea de que esclarezca su presunta responsabilidad en los actos “terroristas” y “golpistas” vividos en Brasilia.
El ex jefe de Estado (2019-2022) tiene además varias causas pendientes con los tribunales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre las instituciones democráticas y la pandemia de la covid-19, y la filtración de documentos secretos durante su Administración, entre otras.
El subprocurador general del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas, Lucas Rocha, también pidió extender la sanción al gobernador suspendido de Brasilia, Ibaneis Rocha, y al que fuera su secretario de Seguridad, Anderson Torres, un fiel aliado de Bolsonaro.
Rocha justificó su demanda “en razón del proceso de prestación de cuentas y del vandalismo ocurrido” en la capital brasileña el pasado 8 de enero, “que provocó innumerables perjuicios al erario federal”.
El fiscal no menciona en su escrito cuál es la supuesta vinculación entre la tentativa de golpe perpetrada por el bolsonarismo radical y el ex mandatario ultraderechista.
El domingo pasado, miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema durante cuatro horas hasta que fueron dispersados por las fuerzas de seguridad.
(Con información de EFE)
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