
Lula da Silva aseguró este miércoles que todos los involucrados en la invasión y los destrozos a los edificios gubernamentales del último domingo accederán a su derecho de defensa pero serán sancionados.
El mandatario recientemente electo se mostró severo en su postura sobre los castigos que se impondrán a este grupo de bolsonaristas radicales que, a una semana de su llegada al poder, invadieron el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia.
“Vamos a encontrar a quién financió y costeó esto. Yo soy especialista en campamentos y en huelgas y es imposible estar dos meses sin tener financiación para garantizarles el pan de cada día. No vamos a ser autoritarios pero vamos a castigar”, había señalado este lunes.

Por otro lado, Lula ha lamentado que Bolsonaro siga negando su derrota en las elecciones y que eso haya servido a un grupo de “chiflados” a comer los actos violentos. “Lamentablemente el presidente que dejó el poder no quiere reconocer la derrota. Hoy todavía he visto declaraciones de él en las que no reconoce la derrota. Solo puedo considerarles un grupo de chiflados, de gente con poco sentido del ridículo”, ha dicho Lula este miércoles tras una reunión con los jefes del Congreso.
“Lo que pasó hasta me gustaría no considerarlo como un golpe, hasta me gustaría considerarlo como una cosa menor, como un grupo de chiflados que todavía no entendieron que las elecciones acabaron, que aún no quieren aceptar que las urnas electrónicas son posiblemente el modelo electoral más perfecto”, ha dicho.
Este martes, por su parte, el ministro de Justicia Flávio Dino anunció avances en la investigación que les permitieron identificar a los posibles contratistas del centenar de autobuses que llegaron al distrito federal el último fin de semana con estos simpatizantes. Agregó que todas estas personas serán llamadas a declarar en el marco de la causa del “Capitolio brasileño”, como la denominó por sus similitudes con el asalto a la sede legislativa estadounidense en enero del 2021 cuando Donald Trump perdió las elecciones.
“Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses”, declaró.

Sin embargo, en las últimas horas, las autoridades también dispusieron la liberación de 599 sospechosos detenidos “por razones humanitarias”. Según se lee en un comunicado difundido por la Policía Federal, se trata de ancianos, personas con problemas de salud, en situación de calle o de madres con hijos.
De todas formas, el anuncio menciona que esta puesta en libertad “no necesariamente” significa que hayan quedado libres de cargos, por lo que muchos de ellos deberán permanecer a disposición de la Justicia para brindar declaraciones en los próximos días.
Así, de momento, son 727 las personas formalmente arrestadas y cuyos “procesos están siendo monitoreados ininterrumpidamente”. “Todos están recibiendo alimentación regular -desayuno, almuerzo, merienda y cena-, hidratación y atención médica cuando es necesario”, agrega el documento.

Los manifestantes no son los únicos que quedaron bajo la lupa del gabinete de Lula. El ministro Dino aseguró que habrá una “revisión” del cuerpo policial de Brasilia, cuya pasiva actitud ante los hechos fue ampliamente cuestionada por los funcionarios.
En ese sentido, Lula envió al Congreso de Brasil el proyecto formal para decretar la intervención federal de Brasilia. Se reunió con senadores y diputados -entre ellos el presidente de la Cámara, Arthur Lira, y el presidente interino del Senado, Veneziano Vital do Rêgo-, en el Palacio del Planalto, donde les entregó el decreto de intervención en seguridad del Distrito Federal.

La medida fue rápidamente aprobada. Si bien ya regía desde el domingo con carácter de urgencia, ahora debía ser aprobada por los congresistas. De esta manera, la disposición estará vigente hasta finales de enero.
Por último, Lula arremetió nuevamente contra el ex presidente Jair Bolsonaro, a quien acusa de estar detrás de los hechos que buscaron poner fin a su mandato y condenó que no aceptara el resultado electoral. Asimismo, llamó “locos” a quienes participaron de este episodio.
(Con información de Reuters)
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