La fiscal anticorrupción de Guatemala, Virginia Laparra, fue condenada este viernes a cuatro años de prisión tras un polémico y acelerado juicio.
Según indicó la jueza a cargo, Oly González, Laparra “es responsable en grado de autora del delito de abuso de autoridad de forma continuada cometido en contra de la administración pública [...] y se le impone la pena de cuatro años de prisión conmutables” aunque podrá obtener la libertad anticipada bajo fianza.
Por su parte, la acusada -que lleva diez meses en prisión-, declaró que “es una aberración jurídica y un terrible precedente”.
El juicio duró apenas 18 días y todos los testigos que participaron fueron policías o funcionarios, además de un controvertido juez que había sido investigado por la fiscal antes de ser detenida el pasado 23 de febrero.
Además del tiempo tras las rejas, el tribunal inhabilitó a Laparra para ocupar cargos públicos mientras cumple su condena aunque sí podrá ejercer como abogada. Esta resolución significó un revés para la fiscalía que, originalmente, había pedido la inhabilitación total y una condena de ocho años de prisión inconmutable.
“Esta sentencia condenatoria es un ejemplo más de la criminalización de operadores de justicia en Guatemala [...]. Virginia Laparra es una presa de conciencia que está pagando un alto precio por ejercer su labor de fiscal anticorrupción”, denunció la directora para la Américas de Amnistía Internacional, Ericka Guevara Rosas.
Una vez finalizada la audiencia de este viernes, la fiscal abandonó el tribunal esposada y escoltada por dos guardias del sistema penitenciario, en medio de los cientos de activistas que la esperaban a la salida del establecimiento y coreaban consignas como “Virginia es inocente” y “Fuera los corruptos”.
En ese contexto, la acusada se frenó para hablar con los periodistas allí presentes y apuntó que es víctima de una persecución. “Estamos en un momento difícil en el país y esto es un terrible precedente porque nunca más un fiscal se va a atrever a presentar una denuncia”, lamentó entre lágrimas.
Asimismo, sostuvo que los cargos en su contra son “una venganza” de una polémica entidad de derecha -que ofició de querellante en este juicio- y que es célebre a defender a políticos denunciados por corrupción y a militares acusados de haber cometido crímenes durante la guerra civil -entre 1960 y 1996-.
En ese sentido, explicó que la Fundación Contra el Terrorismo siempre ha desempeñado un papel opositor a la lucha contra la corrupción. Enumeró, así, su resistencia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -un ente investigador que operó con el aval de la ONU entre 2007 y 2019-, y a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) -donde sirvió durante seis años-.
Allí, Laparra se desempeñó como jefa en Quetzaltenango, al oeste del país, y fue separada de sus funciones en el marco de una represiva contra fiscales anticorrupción.
Sin embargo, a continuación de sus denuncias a la salida aprovechó para leer parte del poema “Un verano invencible”, del escritor francés Albert Camus y demostrar su entereza ante esta situación: “En medio del odio, me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible”.
El polémico juicio contra la fiscal
El acelerado proceso judicial contó con pocos testigos. Entre ellos se destacan los dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico y el ex juez Lesther Castellanos -a quien la fiscal había denunciado en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada-.
Estas investigaciones se dieron durante su paso por la CICIG, un ente adscrito a las Naciones Unidas que indagó casos de corrupción durante su mandato y operaba como una suerte de fiscalía paralela dada la existencia de mafias enquistadas en las esferas del Estado.
Estados Unidos se pronunció ante el proceso judicial y respaldó a Laparras denunciando que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, emprendió una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG.
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de estas instituciones bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, ex fiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra fue la primera en ser llevada a juicio y condenada.
A pesar de los cuestionamientos, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
(Con información de AFP)
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