Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de El Salvador advirtió que el fenómeno de la desaparición de personas se ha agravado en los últimos años y que el Gobierno de Nayib Bukele es el que registra los índices más altos de las últimas tres administraciones.
El informe, titulado “La desaparición de personas en El Salvador: el continuum de la impunidad”, fue dado a conocer este martes en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y recaba información oficial, además de datos de organizaciones humanitarias.
Jorge Rodríguez, coordinador técnico del OUDH, señaló que la desaparición de personas y las fosas clandestinas surgen “como una forma de violencia en el marco de la posguerra salvadoreña, utilizada por los grupos de maras o pandillas para ejercer control en los territorios a través del terror”.
Indicó que existe un “agravamiento” de fenómeno y que la tasa más alta de desapariciones “desde que se tiene información institucional” es 2019, “ya en el Gobierno de Nayib Bukele”, con 32 denuncias por cada 100.000 habitantes.
“El Gobierno actual es el que presenta los índices más altos al promediar 2.080 denuncias de desapariciones anuales y una tasa anual promedio de 32 denuncias por cada 100.000 habitantes”, sostuvo Rodríguez.
Agregó que, si bien durante el mandato de Bukele han disminuido los homicidios, las desapariciones se vuelve “la punta del iceberg” en materia de seguridad y derechos humanos.
El promedio anual de desapariciones en el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) fue de 957,2 y la tasa de 15,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el caso de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), el promedio llegó a 2.022,4 anuales y la tasa a 31.
Sin embargo, los datos de Funes y Sánchez Cerén son de sus períodos completos de cinco años, mientras que en el caso de Bukele se trata de sus primeros tres años.
De acuerdo con Lucy Velásquez, una de las investigadoras, la Policía salvadoreña recibió entre enero de 2020 y junio de 2022 un total de 4.060 denuncias de desapariciones.
De este total, de 1.309 personas se desconoce aún su paradero, mientras que en 2.751 casos se ubicó a la víctima, de las que 255 fueron encontradas sin vida.
Velásquez indicó que 79 % de las personas que siguen desaparecidas desde 2020 son hombres y 21 % son mujeres.
“Los jóvenes de 18 a 30 años son los más afectados, acumulando el 41,67 % de los casos y le siguen los adolescentes de 12 a 17 años con 15 %”, sostuvo.
Lamentó que no lograron obtener los datos más actuales de la Fiscalía General de la República, dado que la entidad respondió que “los datos son inexistentes”.
Velásquez advirtió que las mujeres son una población “vulnerable” y que su desaparición “es precedida por un ciclo de violencia de género, cuyo desenlace puede ser el feminicidio”.
De acuerdo a los datos que han recabado de investigaciones periodísticas y otras fuentes, en los últimos 8 años habrían desaparecido 10.144 mujeres.
Por otro lado, de las desapariciones registradas entre junio de 2019 y junio de 2021, 50 % fueron niñas y adolescentes.
“En el caso de mujeres, la desaparición se produce como objeto de venganza y medio para marcar territorio. Se caracteriza por privaciones de libertad temporales, en las que son agredidas y abusadas sexualmente. Luego concluyen en feminicidio y la posterior desaparición de las víctimas”, remarcó.
La investigadora sostuvo que otro de los patrones que buscan el “ocultamiento y la impunidad” en estos casos es el de las fosas clandestinas, de las que entre 2019 y 2022 se localizaron más de 30 a nivel nacional.
“Según investigaciones periodísticas, entre enero de 2010 y enero de 2022 la Policía encontró 1.122 cadáveres enterrados en cementerios o fosas clandestinas”, acotó.
Lamentó que la Fiscalía ha puesto bajo reserva la información sobre las fosas clandestinas, por lo que “la calidad de la información se ha visto fuertemente mermada”.
(Con información de EFE)
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