El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, reconoció este lunes la muerte de al menos 11 personas detenidas en el marco del estado de excepción para combatir la ola de asesinatos en el país centroamericano, impuesto a finales de marzo y ampliado recientemente.
“Entre diez u once eventos de letalidades”, confirmó Villatoro en una entrevista en la televisión salvadoreña, donde no obstante ha calificado el dato de “positivo” dada la cantidad de detenciones durante el régimen de excepción, que suma ya más de 26.700 arrestados. La cifra arroja una media de 500 detenciones diarias.
“Esto habla muy bien del profesionalismo de las fuerzas del orden, que han sido respetuosas de los Derechos Humanos pero sobre todo profesionales”, hizo hincapié el ministro, que no ha detallado si los fallecidos eran pandilleros o si murieron durante enfrentamientos con los agentes o en custodia, según consigna el diario salvadoreño El Mundo.
El ministro destacó que el grupo de edad de 18 a 30 años es el que concentra el mayor porcentaje de detenciones, lo que coincide con las edades de los “homeboys -nombre por el que se conoce a los miembros de pandillas- y colaboradores”, mientras que entre los 41 y los 60 se ubican algunos de los líderes históricos de estas estructuras.
Asimismo, Villatoro destacó que “todos” los delitos se han visto reducidos de forma “significativa” en el país centroamericano, lo que a su juicio demuestra que el principal problema de seguridad en El Salvador “era todo lo que generaba la actividad multicrimen de estas estructuras terroristas”, en alusión a las pandillas.
Por otra parte, según extractos de la entrevista difundidos en la red social Twitter por el Ministerio que encabeza, Villatoro informó que, de los 15 cabecillas nacionales de la Mara Salvatrucha, la más grande del país, las autoridades salvadoreñas han detenido ya a seis, al tiempo que han dañado la financiación de la pandilla y el flujo de droga que mueven.
El ministro también defendió que las autoridades han percibido un “apoyo fuerte” de la población al estado de excepción, porque “ya no quiere estar sometida ante estas estructuras terroristas y, definitivamente, ya no quiere a estos delincuentes en las comunidades”.
Asimismo, señaló que “las fuerzas del orden están siendo respetuosas de los derechos humanos”, contrario a lo que han manifestado organizaciones naciones y entidades internacionales de derechos humanos.
“Vamos a desarticular completamente a estas estructuras, todas las reformas legales que se han presentado son para eso, queda claro que como salvadoreños este tipo de grupos terroristas ya no tienen cabida dentro de nuestro territorio”, agregó.
Cinco organizaciones no gubernamentales reportan al menos 338 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el primer mes bajo el régimen de excepción.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ampliación del estado de excepción declarado para combatir a las pandillas después de una petición por parte del presidente, Nayib Bukele, por lo que la medida estará vigente 30 días más.
Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Nayib Bukele durante el estado de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que incluya medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”. Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.
(Con información de Europa Press y EFE)
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