
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) definió este lunes como una “aberración a las libertades de expresión y de prensa” las condenas judiciales impuestas en Nicaragua a Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, miembros del directorio del diario La Prensa, de Managua.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que “es obvia la falta de independencia de los jueces nicaragüenses que siguen emitiendo fallos sin debido proceso para satisfacer a la dictadura”.
Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, agregó que “estas condenas son una aberración contra las libertades de expresión y de prensa y una afrenta al Estado de derecho”.
El 11 de marzo, Cristiana Chamorro, ex aspirante presidencial y ex presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), en arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, fue declarada culpable de lavado de dinero, apropiación y retención indebida.
“Violentan la libertad de expresión y seguiré defendiendo ese legado que dejó mi padre”, dijo al escuchar el veredicto y en referencia al director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en 1978.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, dijo que “con estos fallos, el régimen Ortega-Murillo trata de legitimar el cierre de medios y la persecución de periodistas”.

Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, añadió que “el gobierno ya ha logrado cerrar el círculo de la censura absoluta”.
La justicia también condenó a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ex vicepresidente de la FVBCh.
Cristiana y Pedro Joaquín, junto a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa encarcelado desde el 14 de agosto de 2021, integran el directorio del periódico.
La lectura de la sentencia está prevista para el 21 de marzo. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Cristiana Chamorro y nueve para Pedro Joaquín Chamorro.
En la misma fecha también fueron condenados dos ex trabajadores de la FVBCh, Walter Gómez y Marcos Fletes, para quienes la Fiscalía solicita 13 años de cárcel, y siete contra Pedro Vásquez, conductor personal de Cristiana Chamorro.
La FVBCh cesó operaciones en febrero de 2021, cuando el gobierno implementó una ley para controlar la financiación externa que recibían organizaciones no gubernamentales.
En febrero fueron sentenciados los periodistas Miguel Mora, a 13 años, y Miguel Mendoza, a nueve años de prisión.
Según el Índice Chapultepec, una herramienta de la SIP para medir el respecto a la libertad de prensa, en Nicaragua, Venezuela y Cuba no existe tal derecho.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en el continente americano, que está compuesta por más de 1.300 publicaciones y tiene sede en Miami.
(Con información de EFE)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
El ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado en Estados Unidos tras el indulto otorgado por Trump
El ex mandatario había sido extraditado al país norteamericano y sentenciado allí a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas

La empresa a cargo de la transmisión de resultados electorales en Honduras denunció dos intentos de hackeo
La firma tecnológica dijo que detectó flujos anómalos en su plataforma, lo que ocasionó interrupciones en servicios clave y afectó la estabilidad del sistema de resultados preliminares
Rematarán el apartamento de Punta del Este en el que cumple prisión domiciliaria una imputada por la megaestafa ganadera
Daniela Cabral, una de las socias de Conexión Ganadera, pasa su arresto domiciliario en una vivienda de lujo de la ciudad uruguaya, valuada en USD 915.000

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti recordó que tuvo 20 peleas “a las trompadas” en el Congreso
Consultado sobre si existe grieta en Uruguay, el exmandatario recordó sus experiencias en el Parlamento y desestimó los enfrentamientos que existen hoy
Uruguay espera que el regreso de la DEA a Bolivia permita avances en la búsqueda del prófugo Sebastián Marset
Desde Montevideo esperan superar una etapa marcada por la falta de contactos confiables con la Policía boliviana y anhelan una mayor participación de Estados Unidos en el combate al narcotráfico

